Torniquete al gasto público: Jaldo congela ingresos al Estado tucumano en busca de asegurar el equilibrio fiscal

El Poder Ejecutivo provincial oficializó un fuerte ajuste del gasto público que comenzará a regir el 1 de enero de 2026 y se extenderá, en principio, por el término de dos años. La medida fue instrumentada a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) N° 11/3 (MEyP), firmado el pasado 23 de diciembre por el gobernador Osvaldo Jaldo y su gabinete, y comunicado el lunes a la Legislatura. El eje central de la norma apunta a un congelamiento casi total de nuevas incorporaciones de personal en la Administración Pública Provincial y a la adopción de mecanismos extraordinarios para el manejo de recursos, en el marco de la emergencia económica y social vigente.

En el texto, al que accedió Tendencia de Noticias, remitido al Poder Legislativo, se fundamenta la decisión en la necesidad de “asegurar la administración responsable de los fondos públicos”, remarcando que el contexto económico obliga a “garantizar el equilibrio fiscal, el pago íntegro y puntual de las remuneraciones del sector público y el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de la Provincia”.

Las disposiciones alcanzan no sólo a la administración central, sino también a los entes autárquicos, descentralizados y a aquellos organismos que, aun con autonomía financiera, requieran asistencia del Tesoro provincial.

Osvaldo Jaldo junto a su Gabinete de Ministros.

Uno de los puntos más sensibles del DNU al que accedió TDN es la prohibición de incorporar personal. El artículo 1° dispone que los organismos comprendidos “deberán abstenerse de efectuar nuevas designaciones de personal, en cualquier condición de revista, y de celebrar contrataciones bajo relación de empleo público”. Si bien se prevén excepciones, estas quedan limitadas a casos “estrictamente necesarios para la continuidad de funciones esenciales” y deberán ser debidamente fundadas y canalizadas a través del Ministerio de Economía y Producción.

En la misma línea de contención del gasto, el decreto habilita la reasignación interna de recursos humanos. Con carácter “transitorio y excepcional”, los organismos podrán disponer la afectación de servicios de agentes a otras áreas del Estado, siempre que ello no implique un mayor costo y sin alterar “el cargo, nivel escalafonario, remuneración, derechos ni beneficios” del trabajador. La medida busca, según el Ejecutivo, “optimizar la utilización de los recursos humanos disponibles”.

El ajuste también alcanza a la política salarial. El artículo 3° establece que “toda modificación salarial que incremente o fije nuevos conceptos remunerativos o cualquier otro beneficio que directa e indirectamente integre o mejore los haberes mensuales de las autoridades, funcionarios y agentes, deberán contar con la autorización previa del Poder Ejecutivo”. El texto advierte además que el incumplimiento hará “personalmente responsable al funcionario que autorice el pago”, habilitando incluso la retención o devolución de sumas abonadas indebidamente.

Contención del gasto

Otro aspecto clave del DNU es el referido al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST-Subsidio de Salud). En el marco de la emergencia económica, se faculta al organismo a “reasignar y disponer de la totalidad de los recursos que perciba por cualquier concepto”, una vez cumplidos sus objetivos específicos y mientras requiera aportes o asistencia financiera del Poder Ejecutivo Provincia. Desde el Gobierno se sostiene que esta prerrogativa apunta a lograr una administración “más eficaz y eficiente” del gasto que demanda el sistema de salud.

En los considerandos, el decreto subraya que las medidas adoptadas revisten carácter “estrictamente transitorio, excepcional y proporcionado a la situación de emergencia”, y que se encuentran “limitadas a lo necesario para contener el gasto público, optimizar el uso de los recursos humanos existentes y alinear los compromisos de gasto a la efectiva disponibilidad de recursos de Rentas Generales”.

Finalmente, el DNU establece que su vigencia será a partir del 1 de enero de 2026 y por un plazo de dos años, con posibilidad de prórroga por decisión del propio Poder Ejecutivo. Además, invita a los demás poderes del Estado, Tribunal de Cuentas

de la Provincia, Defensoría del Pueblo, Ministerio Publico Fiscal, Ministerio Pupilar

y de la Defensa y a los municipios a adherir a las disposiciones, consolidando así un esquema de fuerte restricción del gasto público que marcará el rumbo de la gestión provincial en los próximos años.