Se prorrogó por 180 días el plazo para adherirse al retiro voluntario programado en el Estado provincial

El Gobierno provincial decidió prorrogar por 180 días el Sistema de Retiro Voluntario Programado, que les permite a los trabajadores de la Administración Pública cesar en sus funciones de manera temporal, por un período de cuatro años, manteniendo su puesto en el Estado y parte de sus ingresos, para poder buscar otro ingreso en el sector privado.

La medida, vigente desde mayo de este año, tras la sanción de la Ley N° 9764, establece que durante ese retiro temporal los empleados que se acojan a la medida cobrarán el 70% de su salario estatal, además de las asignaciones familiares y la cobertura de obra social. Según la norma, dicho retiro temporal será por un período de cuatro años, con opción de prórroga por igual término por única vez, o menor, si en el transcurso de dicho plazo se obtiene el beneficio de la jubilación.

Teniendo en cuenta que la fecha límite para adherirse a ese programa vencía a fin de mes, el Poder Ejecutivo, a través del Decreto 3875/2024, publicado este lunes en el Boletín Oficial, prorrogó el plazo de acogimiento “por el término de 180 días”, hasta fines de mayo de 2025.

El Sistema de Retiro Voluntario Programado fue impulsado por el gobernador Osvaldo Jaldo como una herramienta para “propiciar ahorro fiscal y darle una posibilidad de que el empleado público busque otro ingreso, manteniendo temporalmente el que posee en el Estado”.

Para poder ingresar al programa, se requiere que los empleados tengan al menos tres años de antigüedad, en el caso de los que están en planta permanente, y seis años para el caso de los de planta transitoria.

El secretario de Gestión Pública y Planeamiento, Javier Morof, informó que hasta el momento “se completaron más de 1100 expedientes, solo en la Administración Central”, de empleados que decidieron acogerse a este plan de retiro. “Hay muchos empleados que esperaron hasta último momento para adherirse, por lo que en las últimas semanas se iniciaron numerosos expedientes que se irán completando en los próximos días”, agregó el funcionario en diálogo con Tendencia de Noticias.

Morof informó que “el 54% de los empleados que optaron por el retiro voluntario programado son universitarios, con edades que van de los 45 a los 55 años”. Además, indicó que “muchos de estos trabajadores son ingenieros en sistemas o profesionales de áreas relacionadas con el tema informático, que por lo general consiguen en el sector privado trabajos mejor remunerados que en el Estado”.

Por otro lado, el secretario de Gestión Pública y Planeamiento de la Provincia reconoció que “en el inicio del plan de retiro había mucho desconocimiento y temor por parte de los empleados públicos que, por desinformación, no se animaban a adherirse, lo cual se fue modificando en las últimas semanas, cuando se iniciaron la mayoría de los expedientes”.

Cuando entró en vigencia este programa, hace seis meses, en la Casa de Gobierno calculaban que podrían adherirse al mismo no menos de 5000 empleados, en su mayoría en casos de personas próximas a cumplir la edad para jubilarse. Sin embargo, los 1100 expedientes completados hasta ahora reflejan que no el sistema no generó la expectativa deseada entre los estatales tucumanos.

Quiénes pueden acceder

Al plan de retiro temporario pueden acogerse los agentes de la Administración Pública Provincial centralizada, descentralizada, entes autárquicos y comunas rurales.

Se debe descargar el formulario que está disponible en el portal web del Empleado Público (http://empleadopublico.tucuman.gov.ar/index.php/retiro-voluntario). Una vez completado y suscrito por el solicitante, deberá presentarse en Mesa de Entradas de la repartición a la que pertenece. La documentación, advirtieron en el gobierno, tendrá el carácter de declaración jurada.

Vale aclarar que la autoridad de la repartición aprobará o rechazará la solicitud de acogimiento en un plazo máximo de 30 días, pudiendo denegar el pedido por razones de servicio. Luego de la intervención de los organismos técnicos, la Secretaría de Estado de Gestión Pública y Planeamiento (autoridad de aplicación de la norma) dictará el acto definitivo que conceda o no el retiro voluntario.

Quienes están excluidos

No pueden acogerse: el personal de las fuerzas de seguridad, incluyendo al personal civil; docentes con funciones frente a grados y personal auxiliar de las escuelas; personal en uso de licencia sin goce de sueldo, o por enfermedad de largo tratamiento; quienes estén sometidos a proceso penal y/o sumario administrativo por causales que pudieran dar lugar a cesantía; y el personal de planta no permanente en cualquiera de sus situaciones de revista. Tampoco pueden retirarse temporalmente el personal médico del Siprosa; los empleados interinos; quienes cumplan efectivamente funciones de director y subdirector; el personal jerárquico de los poderes del Estado y/o que requiera para su designación la observancia de normas especiales.

En el caso del personal transitorio, según aclaró el gobierno, sólo podrá acceder al retiro voluntario “si cumple con los requisitos para titularizar establecidos en alguno de los decretos de incremento salarial, siempre que cuente con una antigüedad mínima de tres años de prestación de servicios efectiva desde la fecha del decreto en el que se encuentra alcanzado”.