Horas después del anuncio del Gobierno del presidente Javier Milei sobre la decisión de desclasificar los archivos de la SIDE sobre la última dictadura y calificar como crimen de lesa humanidad el atentado del ERP contra el capitán Humberto Viola y su familia, María Fernanda Viola, hija del militar asesinado en Tucumán en 1974 publicó una carta en la que felicitó la decisión oficial.
Además, en la misiva cargó contra gobiernos anteriores, a los que cuestionó por no haber escuchado los reclamos de justicia que encabezó su madre, María Cristina Picón de Viola, y dijo que permitieron “50 años de impunidad”.
“Han pasado 50 años desde aquel primero de diciembre de 1974, cuando, en pleno gobierno constitucional, el ERP cometió uno de sus atentados más aberrantes, en el marco del ataque sistemático a la población civil llevado adelante para sustituir la república por un régimen marxista”, sostuvo. Y agregó: “Cincuenta años desde que oí los gritos desesperados de mi madre, María Cristina Picón de Viola, al ver, embarazada de cinco meses, cómo eran vilmente asesinados a traición, mi padre, el Capitán Humberto Viola, mi hermana María Cristina, con sólo tres años, y yo, con mis cinco años, quedaba gravemente herida salvando mi vida luego de ocho operaciones”.
En su misiva, la mujer dijo que, durante este tiempo, sin dejarse invadir por el odio, la familia reclamó vanamente justicia, “siendo convertidos en los desaparecidos de la memoria pública”.
María Fernanda Viola aseguró que su familia sufrió al ver cómo los distintos poderes del Estado blindaban con un manto de impunidad a los miembros de la guerrilla, ocultando la existencia de normas internacionales que consideraban sus crímenes de lesa humanidad.
“Sufrimos cuando se hacía la abierta apología de sus crímenes; sufrimos cuando se sustituía la historia por el maniqueo y parcial relato de la memoria; sufrimos cuando éramos convertidos en meros objetos a asesinar o herir por la espalda; sufrimos cuando se ocultaba la responsabilidad de jueces, políticos, intelectuales, educadores y religiosos, en la tragedia, y ellos negaban, sin arrepentirse de nada, la existencia de una guerra revolucionaria, pese a estar esto expresamente admitido, con autoridad de cosa juzgada, por la sentencias de la Cámara Federal y de la Corte Suprema, dictadas en la causa 13/84 en que se juzgara a los comandantes”, argumentó la hija del capitán Viola en la carta que compartió en sus redes sociales.
Luego, apuntó contra los gobiernos y organismos de derechos humanos que construyeron la teoría del único demonio. “Niegan la guerra revolucionaria, ocultando a los jóvenes los párrafos de esa sentencia y, lo que hubiera ocurrido con nuestras vidas, con nuestros bienes, de haber triunfado la guerrilla. Deberían leer la confesión del oficial primero de Montoneros, Héctor Leis, quien, en ‘Testamento de los años 70’, reconoció que se estimaban en quinientas mil personas las víctimas necesarias para hacer triunfar la revolución”, admitió María Fernanda Viola.
A continuación, la mujer manifestó orgullo madre, por no haber bajado los brazos, con el convencimiento de que para el dolor no hay ideologías, tras lo cual recordó las palabras de su mamá durante un acto en la Plaza San Martín, a metros del lugar donde fue acribillada a balazos su familia: “Todas las madres debemos tener los mismos derechos. Hemos sufrido por igual y vivido el mismo dolor. Debemos tener las mismas consideraciones, ser dignas de respeto por parte de quienes nos gobiernan. Las madres de las víctimas de la subversión somos discriminadas”.
Además, reclamó que con el reconocimiento del Gobierno de Milei al atentado del ERP contra su familia como un crimen de lesa humanidad “la justicia argentina tome la determinación de juzgar a los autores directos y mediatos, que no fueron condenados”.
El anuncio del Gobierno sobre la desclasificación de los archivos de la SIDE sobre la última dictadura y la clasificación del atentado del ERP contra la familia Viola como delito de lesa humanidad se produjo en medio de los actos, marchas y protestas de organizaciones de derechos humanos, junto a agrupaciones políticas, que en distintos puntos del país conmemoran el Día de la Memoria.
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