La Nación prorrogó hasta diciembre la concesión de las hidroeléctricas de Tucumán

El Gobierno nacional definió el futuro inmediato de las tres centrales hidroeléctricas de Tucumán ante el vencimiento de su concesión, que operará el 30 de julio. A través de una resolución de la Secretaría de Energía, dependiente del Ministerio de Economía, se dispuso el inicio de un período de transición amparado en las facultades previstas en el contrato original de 1996. Bajo ese esquema, Hidroeléctrica Tucumán SA continuará a cargo de la operación de El Cadillal, Escaba y Pueblo Viejo y deberá cumplir con la totalidad de sus obligaciones contractuales hasta el 15 de diciembre.

La resolución dispone además la designación de la Subsecretaría de Energía Eléctrica como veedor de los tres complejos, con la tarea de supervisar todas las actividades de la concesionaria hasta la entrega final de los activos. En paralelo, la Nación invitó a la Provincia a designar un representante que colabore en esas tareas de control durante la transición.

La definición llega después de semanas en las que, tanto desde el Gobierno provincial como desde la propia Secretaría de Energía, no había nada formalizado por escrito sobre la continuidad del vínculo. El esquema adoptado replica el que la Nación aplicó en los últimos meses en otras concesiones hidroeléctricas del país, como las represas del Comahue -Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila-, Hidroeléctrica Diamante en Mendoza, la central de Ullum en San Juan y el Complejo Hidroeléctrico Futaleufú, todas prorrogadas de manera transitoria mientras se avanza hacia un proceso licitatorio para la venta del paquete accionario mayoritario.

La Provincia mantiene una participación del 39% en la sociedad Hidroeléctrica Tucumán SA, condición que se explica por su carácter de propietaria de la represa El Cadillal y responsable del mantenimiento de infraestructura crítica de riego y agua potable. La concesión había sido otorgada en 1996 por un plazo de 30 años, en el marco del proceso de privatización iniciado en la década de 1990, cuando la Nación y la Provincia acordaron transferir la explotación de los tres complejos mediante la venta de la mayoría accionaria de la empresa. Según lo estipulado en el contrato y la normativa vigente, al concluir el vínculo el dominio y la posesión de los equipos y bienes cedidos deben revertir al Estado nacional.

La negociación por el esquema definitivo seguirá en manos del gobernador Osvaldo Jaldo, con el Ministerio de Economía provincial, a cargo de Daniel Abad, como interlocutor directo con la Nación. La Provincia, de todos modos, mantiene planteadas alternativas para participar de algún modo en un eventual nuevo esquema una vez que se convoque a licitación, entre ellas una concesión con condiciones fijadas también por el Gobierno provincial o un contrato de abastecimiento directo con la distribuidora local, en el marco de la liberación parcial del mercado energético vigente desde 2025, que permite a las distribuidoras adquirir hasta el 25% de la energía que necesitan por fuera de Cammesa.

Por otra parte, la Fiscalía de Estado, a cargo de Gilda Pedicone, continúa tramitando ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 1 la demanda para recuperar los más de $15.300 millones que la Provincia invirtió en la reparación de la presa lateral N° 3 de El Cadillal, un litigio que corre por cuerda separada del proceso de transición dispuesto ahora por la Secretaría de Energía.