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La Libertad Avanza (LLA) Tucumán, el partido que preside en la provincia Lisandro Catalán, expresó su firme rechazo al proyecto de ley impulsado por la legisladora peronista Carolina Vargas Aignasse para regular la difusión de determinados contenidos en redes sociales durante las campañas electorales. A través de un comunicado titulado “La libertad no se negocia. No nos van a callar”, el espacio libertario advirtió que la iniciativa podría convertirse en una herramienta de censura y cuestionó la posibilidad de que se ordene la eliminación de publicaciones digitales.
El pronunciamiento se produjo luego de que la propuesta obtuviera dictamen de comisión en la Legislatura de Tucumán, un paso que habilita su tratamiento en el recinto. El proyecto contempla sanciones económicas para quienes difundan información falsa sobre candidatos, autoridades electorales o partidos políticos durante el período comprendido entre el inicio de la campaña y el acto comicial.
En su comunicado, La Libertad Avanza Tucumán manifestó su preocupación por el avance legislativo de la propuesta y sostuvo que los mecanismos previstos podrían afectar derechos constitucionales. "Desde La Libertad Avanza Tucumán expresamos nuestra profunda preocupación y nos declaramos en estado de alerta ante el avance del proyecto de ley impulsado por la legisladora oficialista Carolina Vargas Aignasse, que ya cuenta con dictamen de comisión y pretende establecer mecanismos judiciales para intimar a ciudadanos a eliminar publicaciones, opiniones o videos de las redes sociales", señaló el documento.
El partido consideró que la iniciativa representa "una grave amenaza contra la libertad de expresión y de prensa, y un preocupante avance sobre los derechos y garantías constitucionales de todos los tucumanos".
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la posibilidad de retirar contenidos digitales a partir de una intervención de las autoridades competentes. Según la interpretación del espacio libertario, ese procedimiento podría utilizarse para limitar opiniones y críticas políticas.
"Es inadmisible que sea el mismo Gobierno Provincial, mediante un juez, quien pueda determinar qué se puede decir y qué no de manera completamente arbitraria porque esto va en contra de toda Ley ya establecida y vulnera un derecho primario de cada persona que habita no sólo el suelo tucumano, sino el suelo argentino", expresó el comunicado.
La Libertad Avanza también sostuvo que la legislación vigente ya ofrece herramientas para que las personas que consideren afectados sus derechos por una publicación puedan recurrir a la Justicia, sin necesidad de crear procedimientos adicionales. "Cualquier ciudadano que considere vulnerados sus derechos por una publicación cuenta con las herramientas legales correspondientes para acudir a la Justicia. No resulta necesario crear nuevos mecanismos que puedan convertirse en instrumentos de censura o intimidación; y sobretodo un artilugio para ejercer la censura de manera elegante", afirmó.
En el cierre de su pronunciamiento, el partido que conduce Catalán cuestionó la intervención del Poder Legislativo en la regulación de contenidos digitales y advirtió sobre sus posibles consecuencias institucionales. "Pretender, desde el Poder Legislativo, establecer mecanismos que puedan condicionar la libre expresión de los ciudadanos constituye un hecho de enorme gravedad institucional", concluyó La Libertad Avanza Tucumán.
Los alcances del proyecto
Las multas previstas en el proyecto impulsado por Vargas Aignasse contra quienes difundan información falsa alcanzan hasta 10 salarios mínimos, vitales y móviles, equivalentes a unos $3.988.000, según los valores utilizados para calcular las sanciones. Ese monto podría triplicarse cuando la difusión se realice mediante sistemas automatizados, redes coordinadas o campañas organizadas.
La iniciativa también establece que, ante denuncias por contenidos prohibidos difundidos en plataformas digitales, la Junta Electoral Provincial, como autoridad de aplicación y en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, podrá requerir a los responsables de esas plataformas que oculten o eliminen las publicaciones denunciadas en un plazo de 12 horas. El procedimiento contempla, además, la entrega de metadatos de acceso, direcciones IP e información de los usuarios.
Otro de los aspectos del proyecto está relacionado con el uso de inteligencia artificial para generar o modificar contenidos audiovisuales que simulen de manera realista la voz o apariencia de una persona, conocidos como deepfakes. La propuesta prevé excepciones para las sátiras y parodias, las ediciones publicitarias mínimas y los materiales identificados mediante marcas de agua o etiquetas visibles que adviertan sobre su carácter no auténtico.