La Legislatura avanza en el análisis de un protocolo contra usurpaciones en comunas rurales

La Comisión de Asuntos Municipales y Comunales de la Legislatura de Tucumán, bajo la presidencia de José Orellana y con la participación de Carlos Gómez, Rolando Alfaro, Raúl Moreno y Manuel Courel, dio dictamen favorable a un proyecto de ley que busca establecer un protocolo de actuación para las comunas rurales ante casos de usurpación de terrenos fiscales y áreas protegidas. La iniciativa, que abarcará a todas las comunas rurales de la provincia, tiene como propósito ofrecer una respuesta coordinada, rápida y efectiva frente a estas problemáticas.

Orellana destacó la relevancia de la iniciativa: “El proyecto tiene como finalidad establecer un protocolo, es decir, un procedimiento formal de actuación para que los delegados comunales puedan intervenir con claridad ante casos de usurpación. El gobierno provincial ha mostrado un fuerte interés en este tema, y son justamente los comisionados comunales quienes mejor conocen el territorio y pueden actuar en conjunto con jueces de paz y otras autoridades. La comisión ha acompañado este dictamen de manera transversal, con el respaldo tanto de legisladores oficialistas como de la oposición”.

El proyecto, ideado por el propio Gómez, fue elevado a la Cámara luego que el Poder Ejecutivo, a través de la Unidad Ejecutora de Protección Jurídica del Medioambiente y del Patrimonio Provincial, dependiente de la Fiscalía de Estado, ordenó formalmente a las comunas rurales a ejercer su poder de policía en materia dominial y ambiental para detectar ocupaciones irregulares, urbanizaciones no autorizadas, remociones de suelo y alteraciones del ecosistema en distintos puntos del territorio provincial.

Aspectos centrales

La propuesta se basa en principios como la legalidad, la eficiencia, la celeridad, la coordinación entre instituciones y el respeto a los derechos humanos. Define la usurpación como cualquier ocupación no autorizada de terrenos fiscales o áreas protegidas, ya sea por medios violentos, engañosos o por ocupación pacífica prolongada.

Entre las acciones previstas, los comisionados comunales deberán recibir denuncias, verificar si el terreno es fiscal o ambientalmente protegido y notificar de inmediato al Ministerio del Interior, al Poder Judicial, al Ministerio Público Fiscal y a las fuerzas de seguridad. Si la ocupación afecta áreas protegidas, también se coordinará con entidades como el Ente Tucumán Turismo o la Subsecretaría de Medio Ambiente.

Además, el protocolo contempla un programa de capacitación para los comisionados comunales, enfocado en la identificación y documentación de casos, la gestión de conflictos y la coordinación con autoridades judiciales y de seguridad. El gobierno provincial se compromete a proveer los recursos necesarios para implementar estas medidas.