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El Gobierno de Tucumán autorizó una nueva modificación de las condiciones de pago de los colectivos 0 km adquiridos por la Provincia y entregados a empresas del transporte público de pasajeros mediante contratos de leasing. La decisión fue adoptada por el gobernador Osvaldo Jaldo, a partir de un pedido de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (AETAT), que advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesa el sector y el riesgo de quiebra de algunas prestatarias.
La medida quedó formalizada mediante el Decreto N° 2.714/8 (MOIyTP), firmado el 30 de octubre y publicado este viernes 20 de noviembre en el Boletín Oficial. La disposición, a la que accedió Tendencia de Noticias, autoriza a la Secretaría de Estado de Transporte y Seguridad Vial a suscribir nuevas adendas con las empresas beneficiarias para modificar las condiciones financieras de los contratos originales.
En su presentación, AETAT fundamentó el pedido en la situación económica de las compañías, afectadas por el endeudamiento acumulado, los incrementos salariales, el encarecimiento de los insumos y las subas del combustible.
Según consta en los fundamentos del decreto, los empresarios describieron una situación "difícil y angustiosa", con empresas que arrastran un gran endeudamiento y se encuentran "al límite de la quiebra". También señalaron que los costos actuales hacen que la actividad resulte inviable.
Cómo será el nuevo esquema de pagos
La modificación alcanza a los contratos de leasing celebrados entre la Provincia y las empresas prestatarias que recibieron unidades 0 km en el marco del programa de renovación del transporte público.
Los acuerdos originales establecían un plazo de financiación de 36 meses, con cuotas mensuales que incluían la amortización del 90% del capital correspondiente a cada colectivo, más los intereses calculados sobre el saldo adeudado.
Sin embargo, esas condiciones ya habían sido modificadas mediante dos disposiciones anteriores, dictadas en octubre de 2025 y abril de 2026, que introdujeron mecanismos para aliviar las obligaciones financieras de las empresas.
La nueva adenda mantiene el diferimiento del pago del capital durante 16 meses, contados desde el 1 de noviembre de 2025. Durante ese período, las prestatarias deberán abonar únicamente los intereses correspondientes.
De acuerdo con el modelo contractual incorporado como anexo al decreto, el pago del capital se retomará a partir del 28 de febrero de 2027, una vez finalizado el período de gracia.
El documento también establece que el capital financiado se amortizará sobre un plazo de 44 meses, en lugar de los 36 previstos originalmente, mediante el sistema de amortización alemán. Para determinar las cuotas pendientes, deberán descontarse las ya canceladas.
Los intereses se calcularán sobre los saldos adeudados, tomando como referencia la tasa activa nominal anual vencida con capitalización cada 30 días que publica el Banco de la Nación Argentina.
Los pagos continuarán descontándose automáticamente del Fondo de Compensación que perciben mensualmente las empresas, conforme a la Ley Provincial N° 9.773. Si alguna prestataria dejara de recibir esos recursos, deberá afrontar directamente las cuotas hasta el último día hábil de cada mes.

Una inversión de más de US$ 17 millones que comenzó en 2024
La operatoria tiene su origen en septiembre de 2024, cuando el Gobierno de Tucumán autorizó la adquisición de 100 colectivos 0 km para renovar parcialmente las flotas de las empresas que prestan servicios rurales e interurbanos. La decisión fue instrumentada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 5/3 (MEyP), firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo el 26 de septiembre de ese año, posteriormente ratificado por la Legislatura mediante la sanción de la Ley Provincial N° 9.807.
Como informó Tendencia de Noticias el 1 de diciembre de 2024, la compra fue adjudicada por US$ 17.335.000, mediante la Resolución Conjunta N° 03, firmada el 25 de noviembre por los ministros de Economía y Producción, Daniel Abad, y de Obras y Servicios Públicos, Marcelo Nazur.
La adjudicación comprendió 30 unidades a Colcar Merbus SA por US$ 5.085.000; otras 50 a Autobús SA por US$ 8.700.000, de las cuales 20 contaban con aire acondicionado; y 20 vehículos a Amarela Tucumán SRL por US$ 3.550.000. Los precios individuales oscilaron entre US$ 169.500 y US$ 177.500.
La compra se realizó mediante una contratación directa con cotejo previo de precios, que recibió el control preventivo del Tribunal de Cuentas. En aquella oportunidad, el organismo consideró que la adjudicación había respetado el procedimiento legal, aunque advirtió que los actos posteriores de transferencia de las unidades a las empresas también debían someterse a su intervención.
El esquema establecía que los colectivos serían transferidos a título oneroso a las prestatarias, mediante descuentos de los fondos compensatorios que reciben mensualmente. En febrero de 2025, el Ejecutivo avanzó con la distribución de las unidades y autorizó la celebración de los contratos de leasing.
Las condiciones financieras comenzaron a modificarse meses después. En octubre de 2025, el Gobierno aprobó una primera reprogramación de los pagos y, en abril de 2026, autorizó otra adenda. La medida publicada este viernes constituye una nueva flexibilización, solicitada por AETAT ante las dificultades económicas de las empresas.
La tercera modificación de los contratos
La nueva disposición constituye la tercera modificación de las condiciones contractuales desde la implementación de la operatoria, después de las aprobadas mediante los decretos N° 3.156/8, del 22 de octubre de 2025, y N° 913/8, del 30 de abril de 2026.
Además de autorizar las adendas, el Gobierno estableció una alícuota del 0% en el Impuesto de Sellos para estos instrumentos y facultó a la Secretaría de Hacienda a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias.
La Secretaría de Transporte y Seguridad Vial tendrá a su cargo la firma de los acuerdos con las empresas, con intervención de la Escribanía de Gobierno, y los trámites para su inscripción en los registros automotores correspondientes.
La medida tiene como único efecto modificar el calendario de pagos del capital financiado, mientras las prestatarias continúan obligadas a abonar los intereses correspondientes en medio de la crisis que afecta al sector por la caída en la venta de pasajes y los aumentos de costos del servicio.