Huesen amplió la denuncia por los incidentes en Graneros e identificó a tres personas para que sean investigadas

El diputado nacional de La Libertad Avanza Gerardo Huesen avanzó con una ampliación de la denuncia por los incidentes ocurridos el último sábado en Graneros, durante una recorrida que realizó junto a dirigentes y colaboradores, donde fue abordado por un grupo de personas que lo habrían amenazado, por lo que tuvo que refugiarse en una comisaría.

El parlamentario opositor aportó nuevos elementos con el objetivo de individualizar a personas que, según la presentación, habrían participado de las agresiones y amenazas denunciadas y estarían identificadas.

El nuevo escrito, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, fue incorporado en el marco del legajo caratulado “Lesiones y amenazas - víctima: Abregu Lucio Benjamín y otros”, y solicita además una serie de medidas de prueba, entre ellas la obtención de registros de cámaras de seguridad municipales, la citación de tres personas y medidas de restricción y protección para las víctimas.

La presentación amplía las actuaciones iniciadas después de los episodios registrados el sábado 19 de septiembre, cuando Huesen se encontraba recorriendo Graneros. La denuncia original fue radicada ese mismo día, a las 20.05, en la comisaría de esa ciudad y quedó registrada bajo el sumario D-664255/2026, inicialmente por amenazas.

Según aquella presentación, el legislador había participado de una reunión con vecinos en Chacras Viejas y posteriormente se trasladó junto a integrantes de su comitiva hacia la zona de El Badén, sobre el río Marapa, para observar obras realizadas por el municipio. Huesen denunció que un grupo de personas obstaculizó el paso de los vehículos, profirió insultos y amenazas y que posteriormente dos de sus colaboradores fueron agredidos.

Identificaron a tres personas

Uno de los principales elementos incorporados ahora al expediente es la identificación de tres personas a las que la presentación pide investigar para establecer si tuvieron participación en los hechos.

El escrito menciona a Franco Ibán Jerez, a quien describe como auxiliar administrativo y funcionario —“supuesto secretario de Gobierno”, según la propia presentación— de la Municipalidad de Graneros; Vanesa Dorao, a quien atribuye una vinculación con la función pública municipal; y Maxi Cejas, identificado en el documento como jefe de Acción Social del Municipio gobernado por la intendenta peronista Raquel Graneros.

La presentación solicita que los tres sean citados “de inmediato” a prestar declaración en sede judicial, con el objetivo de “deslindar y/o determinar su responsabilidad penal en los hechos investigados”.

Entre las principales medidas probatorias requeridas, la presentación solicita que se libre un oficio con carácter de “muy urgente” a la Municipalidad de Graneros y/o al Centro de Monitoreo Urbano para preservar, extraer y desgrabar las imágenes captadas por las cámaras municipales.

En concreto, se requieren registros correspondientes a Chacra Vieja, en la zona del río Marapa y sus inmediaciones; el edificio municipal; las vías de acceso y egreso de la comisaría; el lugar donde se produjo el conflicto; y la propia dependencia policial.

Según argumenta el escrito, ese material sería relevante para reconstruir “el despliegue de las agresiones, el traslado en pickups y la llegada del grupo de personas involucradas”.

También se pidió incorporar al expediente un dossier con capturas de pantalla, fotografías y vínculos de redes sociales que, de acuerdo con la presentación, permitirían establecer la presencia e identidad de personas que habrían intervenido en los episodios.

Perimetrales de 300 metros

Otro de los puntos centrales de la presentación es el pedido de medidas cautelares y de protección.

El escrito sostiene que las víctimas sufrieron agresiones físicas y amenazas de muerte y, sobre esa base, solicita una prohibición de acercamiento y perturbación respecto de Jerez, Dorao, Cejas y cualquier otra persona que sea identificada como agresora durante el avance de la investigación.

La medida fue solicitada en favor de Lucio Benjamín Abregu, Gerardo Huesen, Juan José Aguilera y las demás personas cercanas al diputado libertario afectadas por los hechos.

En particular, se pidió a la Justicia establecer un radio de exclusión no menor a 300 metros respecto de los domicilios, lugares de trabajo y sitios de circulación frecuente de las personas denunciantes.

También se requirió habilitación de días y horas y que se fije la primera audiencia disponible para ampliar formalmente la denuncia y aportar mayores precisiones sobre las agresiones y la presunta intervención de cada una de las personas señaladas.

Las dos versiones sobre los incidentes

Los hechos generaron desde el fin de semana un fuerte cruce político. Huesen sostuvo que las personas involucradas tendrían vínculos con la gestión de la intendenta Raquel Graneros y reclamó incluso la intervención del Municipio. El diputado afirmó además que debió permanecer en la comisaría hasta que intervino personal de la Policía Federal.

Desde la Municipalidad, en cambio, rechazaron cualquier vinculación con los incidentes. Fuentes del Ejecutivo municipal negaron que las personas involucradas fueran empleados de la gestión y aseguraron que el municipio no estaba al tanto de la presencia de la comitiva libertaria.

El conflicto también derivó en presentaciones contra el propio Huesen. Según información publicada posteriormente, vecinos formularon acusaciones por presuntas amenazas e insultos durante el mismo episodio, señalamientos que el diputado rechazó.

Con la ampliación presentada ahora, la causa incorpora nombres concretos, pedidos de citación, registros audiovisuales y medidas de protección, mientras quedará en manos del Ministerio Público Fiscal determinar la procedencia de las medidas solicitadas y avanzar en el esclarecimiento de las responsabilidades por los hechos ocurridos en Graneros.