Guerra de modelos: Tucumán amplía beneficios sociales mientras el PJ denuncia un "exterminio" de la justicia social

Bajo la presidencia del titular subrogante, Sergio Mansilla, la Legislatura de Tucumán sancionó la modificación del Código Tributario Provincial para elevar el piso de ingresos que permite a jubilados, pensionados y personas con discapacidad acceder a la exención del Impuesto Inmobiliario. El debate, aunque concluyó con un respaldo unánime al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, funcionó como un prisma de las tensiones actuales: por un lado, se denunció la "insoportable" presión fiscal de una provincia que mantiene tasas récord de Ingresos Brutos y retenciones bancarias; por el otro, sectores opositores y el bloque oficialista lanzó críticas demoledoras contra el ajuste nacional, advirtiendo sobre una "violencia estatal" que busca erradicar la justicia social. La iniciativa central, dada a conocer por el legislador Carlos Gallia, propuso elevar el tope de ingresos de uno a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), argumentando que el límite actual era un “texto vacío de contenido y de nula aplicación” que dejaba fuera del beneficio incluso a quienes perciben una jubilación mínima.

Gallia, fundamentó la urgencia de la medida señalando que un jubilado de la mínima cobra hoy 439.600 pesos, superando el SMVM de 352.400 pesos, lo que los excluía de la protección estatal. “Estamos corrigiendo una distorsión para que la política tributaria sea una herramienta de alivio y no una carga imposible de afrontar para las familias tucumanas”, sentenció el parlamentario. Sin embargo, desde la oposición, Claudio Viña (Compromiso por Tucumán-foto inferior) calificó al proyecto como una “gota en el océano” dentro de una provincia con la “presión tributaria más alta del país”. Viña recordó que Tucumán mantiene un sistema de recaudación bancaria (Resolución 80/03) que desde hace 23 años retiene el 5% de cada peso que ingresa a una cuenta, generando saldos a favor que “no se devuelven nunca”. “Espero que sea el inicio de una pequeña revisión del sistema tributario tucumano que no va a generar menos ingresos sino que simplemente las va a ordenar para que pague el que tiene que pagar”, reclamó.

En sintonía, el radical José Cano (Radicalismo Federal) tildó la medida de “absoluta equidad” pero “insuficiente” frente a la “caída brutal del consumo” y la pérdida de ingresos por coparticipación que, en los primeros meses del año, significaron 25.000 millones de pesos menos para Tucumán. Cano advirtió sobre el deterioro salarial del 27% en el sector público y el impacto del ajuste nacional que se descarga sobre la gente: “No se puede tener un discurso en Tucumán y avalar cuestiones nacionales que están perjudicando absolutamente a los sectores más vulnerables”. Asimismo, el legislador José Seleme (Avanza Tucumán) centró su crítica en el gasto político, afirmando que “el verdadero problema no es cuando subimos el piso, es el tamaño del techo del gasto público”. Para Seleme, el ajuste debe comenzar por la política y no por los servicios esenciales, disparando que “la política no puede vivir mejor que la gente”.

Silvia Elías de Pérez aportó datos sobre el desplome del poder adquisitivo, que cifró en un 35% desde diciembre de 2023. Al adelantar su voto positivo, señaló que el salario mínimo en Argentina es hoy uno de los más bajos de Latinoamérica, lo que obliga a levantar la voz en defensa de quienes “verdaderamente son los más desvalidos que tenemos hoy en la sociedad”, como los jubilados y las personas con discapacidad.

Duras críticas a Milei: comparaciones con el "exterminio" dictatorial

El debate escaló en intensidad cuando los legisladores del PJ tomaron la palabra para defender el modelo provincial frente a la administración de Javier Milei.

Gerónimo Vargas Aignasse fue lapidario al calificar al Presidente como un “influencer de la ultraderecha” que se pasea por el mundo hablando de logros mientras ignora el empleo y la industria. El peronista atacó la incoherencia de los dirigentes locales de La Libertad Avanza, a quienes llamó “therians de la política”: “Son libertarios en Capital Federal y acá son socialistas. Andan con una cámara viendo en cada municipio qué baldosa falta, pero ustedes no creen en la obra pública”.

Vargas Aignasse afirmó de manera contundente que existe una “malversación de fondos enorme a nivel nacional”. Al profundizar en esta acusación, el parlamentario peronista señaló que el Gobierno nacional recauda dinero con fines específicos que luego “no se aplican” a sus destinos originales. Sostuvo que este manejo de los fondos busca mostrar una situación macroeconómica favorable para que el presidente Milei pueda “seguir paseándose por el mundo como si fuera un influencer de la ultraderecha”. En esta línea, criticó que, mientras se exhiben estos logros internacionales, en la apertura de sesiones el mandatario no habló de empleo, trabajo, industria ni desarrollo. Vinculó esta situación con la caída de los ingresos por coparticipación en Tucumán (estimada en 25.000 millones de pesos en los primeros meses) y la eliminación de fondos clave como el incentivo docente y los subsidios al transporte.

El cierre del debate estuvo a cargo del presidente del bloque oficialista Roque Tobías Álvarez (foto superior) quien realizó la defensa más apasionada de la "inmundicia de la justicia social" —término usado por Milei en su visita a Tucumán la semana pasada— y vinculó la retórica presidencial con los periodos más oscuros del país. Álvarez comparó la actitud hostil del mandatario nacional hacia quienes piensan distinto con el “exterminio que planteaban hace 50 años” durante la última dictadura militar. “Alguien que tenía que ir a abrir las sesiones (en el Congreso Nacional) se dirigió de manera horrenda, grosera y violenta a cada uno de la gente que no piense igual que él”, fustigó, vinculando esa "violencia estatal" con la desaparición de los representantes del pueblo en los golpes de Estado. El legislador destacó que, a diferencia de Nación, Tucumán sigue pagando el incentivo docente y mantiene el boleto estudiantil y para la tercera edad. “Nosotros vamos a seguir militando la mal llamado 'injusticia social', no como bloque, sino como legisladores que son dignos representantes del pueblo”, concluyó citando el reciente documento de los obispos sobre el "Nunca Más" a la violencia y el reclamo por una democracia con justicia social.

Álvarez coincidió con otros legisladores en la importancia de reformular el sistema impositivo local para aliviar la carga sobre los ciudadanos: "Claro que hay muchas cosas que yo comparto con los colegas que han precedido en el uso de la palabra que hay que revisar el Código Tributario, que hay que tratar de hacerlo menos agresivo, que sea una cosa más amigable con el vecino y con la realidad económica que estamos viviendo, no solo los tucumanos, sino todos los argentinos".

Fondos y alineamiento

El parlamentario denunció que los fondos recortados a las provincias son utilizados por la Nación para premiar a los mandatarios aliados: "¿Para qué sirven estos fondos? Se usan de manera discrecional, el quite del incentivo docente, el quite del subsidio al transporte público. ¿Y para qué? Para decir, 'Ah, a los gobernadores que son dialoguistas, que están alineados, le damos tanto'". Asimismo, profundizó en esta crítica señalando la ironía de este sistema de distribución: "Leí ayer la escala de quién es el gobernador más beneficiado. Ah, el de Mendoza. Después sigue el de Corrientes... ¿Y con qué plata? Con la misma plata que les han negado y que les han quitado a ellos. Con eso es que de pronto aparece este Robin Hood diciéndole, 'A tal provincia le mando tanto, a tal provincia le mando cuánto u otro'".

El proyecto fue aprobado por unanimidad, pero el trasfondo de la sesión dejó en claro que la "política dialoguista" de la Casa de Gobierno provincial tiene sus límites en el recinto, donde el peronismo tucumano cerró filas para denunciar lo que consideran un ataque sistémico al bienestar de los ciudadanos.