En Tucumán, la política se mudó a los tribunales: ¿debilidad o estrategia?

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que la política tucumana se regía por un código no escrito pero que se respetaba: los trapitos sucios se lavaban en la Legislatura, en los actos de campaña o, en última instancia, en el barro de las urnas. La Justicia era ese territorio árido al que solo acudía la oposición cuando, diezmada por la falta de votos, buscaba un titular que hablara de corrupción para intentar emparejar la cancha. El oficialismo, cómodo en su mayoría, solía mirar esas denuncias con un desdén casi cínico. "El que no tiene votos, tiene expedientes", solían repetir.

Sin embargo, ese paradigma estalló en este comienzo de 2026, y a un año largo todavía del proceso electoral. De hecho, se podría hablar de un cambio de era. Hoy, el termómetro de la gobernabilidad pareciera no estar en la calle, sino en los pasillos de los fueros federal y provincial.

El oficialismo como denunciante: ¿Estrategia o debilidad?

El dato más disruptivo de este escenario es el cambio de roles. Por primera vez en décadas, es el peronismo el que corre hacia la Justicia para pedir protección o para castigar a sus adversarios. La judicialización solía ser el último recurso de quienes se sentían más débiles. Que hoy sea el propio gobernador o alguno de sus ministros quienes firmen denuncias contra opositores es una señal que merece una lectura profunda.

El caso de la diputada Soledad Molinuevo es el ejemplo perfecto de este "nuevo orden". Osvaldo Jaldo denunció a la legisladora libertaria por no acatar un fallo que le ordenaba borrar publicaciones en sus redes sociales. Para algunos, se trata de una regulación del discurso político. Que un mandatario provincial accione judicialmente para silenciar la opinión de una representante del pueblo marca un precedente. ¿Es defensa del honor o un bozal legal para disciplinar a la nueva oposición?

El ministro del Interior, Darío Monteros, había adoptado una postura igual de tajante al intimar a Molinuevo para que se retracte de sus acusaciones sobre el manejo de "mafias". Nuevamente, que se active el aparato judicial expone que el oficialismo ya no está dispuesto a dar la batalla comunicacional en el llano, sino que prefiere la sentencia de un juez que obligue al silencio.

En paralelo, la Justicia provincial y la federal discuten para ver quién se queda con la causa abierta a partir de la agresión al diputado Federico Pelli, y por la que un puntero del oficialismo cumple prisión preventiva en Benjamín Paz.

"Los jueces resuelven la política". Esta frase resume la etapa institucional que atraviesa la provincia. La judicialización es, en esencia, la confesión de una incapacidad. Es el reconocimiento de que las instituciones políticas -la Legislatura, los partidos, las mesas de diálogo- han fallado. Cuando la política se judicializa, se desnaturaliza; y el ciudadano común siente que las decisiones importantes o el debate se resuelven a puertas cerradas.

El alivio esperado

Hay otro elemento que permite al oficialismo sentirse cómodo en los tribunales en este comienzo de año. En particular, porque la investigación que nació bajo la lupa de la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) por el manejo de fondos públicos en cinco municipios de la provincia ya no tiene vías de retorno. La novedad, más allá del archivo dictado por el juez Guillermo Díaz Martínez, reside en que la oposición se quedó sin margen de maniobra.

Tal como adelantó el sábado en exclusiva Tendencia de Noticias, el juez federal subrogante Díaz Martínez resolvió archivar el expediente que más inquietud generaba en la Casa de Gobierno. Se trata de la pesquisa abierta a partir de una denuncia de la Procelac. Aquel expediente se originó tras la detección de operaciones financieras consideradas inusuales, principalmente por la reiteración de extracciones de dinero en efectivo mediante cheques por ventanilla, una modalidad permitida pero de baja trazabilidad. En total, el volumen de dinero por investigar ascendía a $ 39.487 millones. A partir del dictamen del fiscal Rafael Vehils Ruiz, en el que habla de "displicencia y manejo arbitrario de recursos", el magistrado dispuso el archivo de las persquisas por inexistencia de delito en cuatro de los cinco municipios. Incluso, desestimó la posibilidad de que esos fondos hayan sido destinados al financiamiento electoral ilegal.

Para el oficialismo, este blindaje jurídico funciona como una pavimentación estratégica hacia el proceso electoral de 2027. Al quedar firme la sentencia, desaparece el riesgo de que la causa "camine" por los pasillos de tribunales en medio de la campaña. En tanto, el cierre definitivo del expediente deja a la oposición en una situación de "desarme" discursivo. Se quedan sin su principal ariete de utilización política un año antes de las elecciones.

En definitiva, nunca antes la política tucumana había estado tan supeditada a lo que se decida en los despachos de los jueces, y menos con tanta antelación al proceso electoral. La judicialización temprana suele ser la antesala de una campaña áspera. O la admisión de que los resultados electorales no asoman tan cantados.