
En un contexto político definido por el marcado alineamiento y la etapa "dialoguista" entre el gobernador Osvaldo Jaldo y la gestión libertaria de Javier Milei, un sector clave del esquema aliado al oficialismo tucumano planteó una severa disidencia. A través de un proyecto de resolución, el legislador Ernesto Gómez Rossi (foto inferior), perteneciente a Libres del Sur —espacio que conduce el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso—, lanzó una dura crítica contra el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La iniciativa no solo cuestiona la metodología actual de medición de la inflación, sino que pone en tela de juicio la credibilidad de los índices oficiales, sugiriendo que el Gobierno Nacional busca subestimar el impacto real del aumento de precios en los sectores más vulnerables. Este reclamo introduce un matiz de tensión institucional al denunciar que las estadísticas actuales no reflejarían la aceleración de la crisis económica que viven los ciudadanos.
El proyecto de Gómez Rossi busca “manifestar nuestra preocupación y rechazo a la postergación sin fecha cierta del nuevo índice de precios al consumidor (IPC) sobre la base de la nueva canasta de bienes y servicios sobre la cual venía trabajando la institución desde el año 2024”. Según el parlamentario, esta actualización metodológica era una necesidad técnica imperiosa para incorporar los cambios en los consumos y precios relativos reflejados en la encuesta ENOHO 2017-2018. En sus fundamentos, el legislador es tajante al afirmar que “la decisión de frenar la actualización del IPC reviste gravedad institucional, el gobierno se empeña en ocultar lo que los argentinos vivimos a diario, y es que la inflación es más alta y se ha acelerado en los últimos meses mucho mas de lo que marcan las estadísticas actuales”.

La crítica se extiende también a la situación interna del organismo y la salida de su conducción técnica. El texto sostiene que el exdirector Marco Lavagna, a quien califica como un técnico "intachable", sufrió el desplazamiento debido a intereses políticos: “como al relato oficial no le es conveniente los datos de la realidad, ejercieron presión para que no implementara el nuevo IPC, provocando su renuncia”. Para Libres del Sur, este escenario implica una manipulación que distorsiona la percepción de la crisis social, señalando que “los salarios y los ingresos de la población siguen perdiendo y deteriorándose con este gobierno, por ende, la pobreza no desciende, sino que, al contrario, crece a pesar del relato del gobierno de Javier Milei”.
Desde una perspectiva técnica y legal, el proyecto advierte que la postergación de los datos abiertos y fiables constituye un incumplimiento de los principios básicos de transparencia, “incumpliendo su propio manual de buenas prácticas perdiendo aval internacional y arrojando sobre la institución un manto de duda, pero por sobre todo incumpliendo con la ley de su creación”. Esta falta de fiabilidad estadística es vista como un “claro retroceso no solo para el INDEC, sino para la economía del país y la credibilidad de sus instituciones”, afectando directamente la planificación de la vida cotidiana de los ciudadanos.
Finalmente, la iniciativa resalta el impacto social de lo que considera una subestimación estadística. Gómez Rossi concluye que la falta de un índice preciso “perjudica a todos ya que dificulta el debate y la formulación de políticas públicas y en especial golpea a los más vulnerables y al ciudadano de a pie que ven como se subestiman los temas que los afectan a diario: inflación, costo de canasta básica y sus ingresos”. Con este planteo, el aliado del gobernador Jaldo exige que el INDEC recupere su “independencia profesional” y produzca estadísticas al margen de las influencias políticas externas.