En medio de la polémica por el estado de las escuelas tucumanas, el 93% recibirá apenas $146 mil para insumos del ciclo lectivo 2026

En medio de intensas críticas de la comunidad educativa y sectores opositores por el deficiente estado edilicio y de mantenimiento en numerosos establecimientos escolares de Tucumán, el Poder Ejecutivo provincial autorizó la asignación de $214.295.250 para proveer insumos escolares a 1430 escuelas de gestión pública de todos los niveles y modalidades, de cara al ciclo lectivo 2026. Esta medida, que beneficia al 93% de los establecimientos con montos que en su mayoría apenas superan los $146.000, fue oficializada mediante el decreto N° 341/5 rubricado por la ministra de Educación, Susana Montaldo, y la secretaria de Estado de Educación, Gabriela Gallardo.

El decreto aprueba la distribución de fondos correspondientes al programa Insumos Escolares 2026, destinados a cubrir necesidades operativas durante el año. “Que la Subdirección de Presupuesto del precitado Ministerio solicita la asignación y aprobación de fondos correspondientes al programa Insumos Escolares 2.026, por el monto de $214.295.250”, indica el considerando principal del instrumento.

La asignación se basó en una base de datos elaborada conjuntamente por la Subdirección de Presupuesto, la Secretaría de Estado de Educación, el Departamento de Estadística Educativa y las Direcciones de Nivel del Ministerio. De acuerdo con el listado del anexo único del decreto, que detalla los montos asignados a 1430 establecimientos escolares, la distribución es la siguiente: 20 instituciones reciben el importe máximo de $292.500; un grupo intermedio de 84 escuelas obtiene $165.750; y la gran mayoría, 1326 establecimientos, tiene asignado el monto mínimo de $146.250.

Requisitos

El instrumento faculta a la Dirección de Administración del Ministerio a emitir la orden de pago por la suma total a favor de la SAF MED Secretaría de Estado de Gestión Administrativa. En tanto, se establecen estrictas condiciones de rendición: en su artículo 3, el instrumento legal estipula: "Déjase establecido que la rendición de cuentas de los fondos recibidos deberá efectuarse de manera íntegra (no se recibirán rendiciones parciales), en un plazo máximo de 15 días hábiles desde la fecha de su acreditación. Asimismo, los responsables de presentar la documentación que avale los gastos realizados, serán los que al momento del pago estén habilitados como firmantes en el Banco Macro S.A., tales como directores o supervisores, como así también cualquier persona autorizada por autoridad competente para recibir dichos fondos”.

Además, se faculta a la Tesorería del Ministerio de Educación a entregar a cada Director de Escuela, mediante acreditación en cuenta bancaria, los fondos correspondientes con cargo de oportuna Rendición de Cuentas.

La medida se enmarca en las atribuciones constitucionales del gobernador, según el artículo 101 de la Constitución Provincial, que lo obliga a asegurar y financiar la educación pública gratuita. “Que la Constitución Provincial en su Artículo 101 establece que el Gobernador de la Provincia es el jefe de la Administración Provincial y fija, entre sus atribuciones y deberes, el de asegurar y financiar la educación estatal pública y gratuita en todos los niveles y modalidades, garantizando la igualdad de oportunidades y posibilidades, sin discriminación alguna, con carácter obligatorio hasta completar trece años de escolaridad, o el período mayor que la legislación determine (inciso 22)”.

La decisión llega en un contexto de crecientes cuestionamientos al mantenimiento de las escuelas, con denuncias de deterioro edilicio, falta de limpieza y problemas estructurales en varios establecimientos, lo que motivó pedidos de interpelación en la Legislatura provincial contra la ministra Montaldo para que brinde explicaciones sobre la situación irregular de infraestructura detectada en las instituciones educativas.