Con apoyo de gobernadores, el Senado dio media sanción a los cambios en la Ley de Glaciares

Luego de la ratificación del acuerdo Mercosur–Unión Europea, el oficialismo consiguió en el Senado otra victoria clave en su hoja de ruta económica: la media sanción de la reforma a la Ley de Glaciares. Con 40 votos a favor, 31 en contra y una abstención, la Cámara alta avaló un proyecto que redefine los presupuestos mínimos de protección del ambiente periglacial y habilita a las provincias a adecuar sus marcos normativos para ampliar áreas de explotación minera. Ahora la discusión se trasladará a Diputados.

La votación dejó al descubierto una dinámica atravesada más por intereses territoriales que por alineamientos partidarios. Gobernadores atentos a potenciales inversiones mineras y provincias con fuerte impronta ambiental marcaron el pulso de una sesión en la que los bloques exhibieron fisuras internas.

El oficialismo contó con el respaldo pleno de La Libertad Avanza y sumó apoyos decisivos de otros espacios. En la UCR, la mayoría acompañó -con la excepción del bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kronenberger-, mientras que en el interbloque Impulso País hubo aval mayoritario, salvo las senadoras Alejandra Vigo (Córdoba), Edith Terenzi y Andrea Cristina (Chubut), y Victoria Huala (La Pampa).

El peronismo tampoco mostró una posición unificada. Desde sectores alineados con gobernaciones respaldaron la iniciativa Carolina Moisés (Jujuy), Sandra Mendoza (Tucumán) y Guillermo Andrada (Catamarca). También votaron a favor el sanjuanino Sergio Uñac y la catamarqueña Lucía Corpacci, del bloque Justicialista. La neuquina Silvia Corroza fue la única abstención, mientras que los representantes santacruceños se mantuvieron en rechazo, profundizando la tensión con la Casa Rosada.

En su dictamen, el Gobierno argumentó que la reforma busca despejar “las dificultades que enfrentan los operadores jurídicos y económicos, del ámbito público y privado, a la hora de interpretar el verdadero alcance” de la Ley 26.639, vigente desde 2010. La iniciativa sostiene que las restricciones al “uso racional y sustentable de los recursos naturales” deben ser excepcionales. En el recinto, los libertarios insistieron en que el cambio normativo dará previsibilidad y alentará inversiones. El fueguino Agustín Coto llegó a calificar la ley original como “un proyecto de chetos”, en una frase que condensó el tono confrontativo del debate.

En paralelo, se mencionó que existen al menos cinco proyectos mineros en etapa de evaluación que podrían aportar hasta 30.000 millones de dólares si prospera el nuevo esquema regulatorio. Desde la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) reclamaron precisiones técnicas, sobre todo respecto de las zonas periglaciares, para evitar que geoformas sin función hídrica relevante sean consideradas áreas estratégicas y queden vedadas a la actividad.

Las críticas opositoras apuntaron a varios frentes. Senadores cuestionaron que la redacción final se conociera pocas horas antes de la votación, lo que -sostuvieron- impidió un análisis exhaustivo. También alertaron sobre el eventual impacto ambiental interprovincial, en particular sobre el acceso al agua; la autonomía efectiva de las autoridades locales para definir qué geoformas integran el Inventario Nacional de Glaciares (ING); y la posible inestabilidad jurídica derivada de criterios dispares entre distritos.

En las horas previas a la sesión, un grupo de activistas ambientales irrumpió en el Congreso, saltó las rejas e ingresó a la explanada del Palacio Legislativo en señal de protesta. La Policía intervino y detuvo a los manifestantes, que portaban pancartas en defensa de los glaciares y el agua como bien común.

La reforma se presenta como una ley “aclaratoria” de la norma sancionada en 2010, que tuvo un antecedente de veto presidencial en 2008 y fue reglamentada en 2011. Aquella legislación estableció que el IANIGLA fuera el organismo técnico encargado de elaborar el Inventario Nacional de Glaciares, aprobado en 2018.

El nuevo texto introduce un cambio conceptual: reemplaza la noción de “reservas hídricas existentes” por la de “reservas estratégicas de recursos hídricos”. Además, habilita a las autoridades locales a determinar cuándo una reserva es considerada estratégica y a intervenir en la composición del inventario, pudiendo incluir o excluir glaciares o geoformas periglaciares, con una instancia de participación ciudadana.

La norma ratifica a los glaciares como reservas estratégicas fundamentales para la recarga de cuencas, el abastecimiento de agua para consumo humano, la producción agrícola, la conservación de la biodiversidad, la investigación científica y el turismo, en línea con el artículo 41 de la Constitución Nacional. Pero la discusión de fondo -entre promoción de inversiones y resguardo ambiental- quedó lejos de saldarse. El próximo capítulo se escribirá en la Cámara de Diputados.