Avanza en la Justicia Federal la investigación por operaciones bancarias sospechosas en municipios tucumanos

La investigación penal derivada de un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) que dio lugar a una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), por presuntas irregularidades en operaciones bancarias en los municipios de Banda del Río Salí, Famaillá, Monteros y Lules, avanza en la Justicia Federal de Tucumán.

El expediente, que procura establecer el destino que tuvieron unos $ 37.000 millones que fueron extraídos de sucursales del Banco Macro por funcionarios y empleados de esas jurisdicciones, entre 2023 y 2024, está en manos del fiscal subrogante Rafael Vehils Ruiz, a cargo de la Fiscalía Federal N° 1 de Tucumán.

En diálogo con Tendencia de Noticias, el funcionario judicial confirmó que “ya se ordenaron diferentes medidas” en el marco de la investigación.

El fiscal recordó que “la génesis de la causa fue un informe de la UIF, que detectó cierto tipo de irregularidades que luego comunicó a la Procelac, dependiente de la Procuración General de la Nación, a cargo del Dr. Diego Velazco, quien giró el expediente a la Fiscalía y remitió copias de la denuncia a la Cámara Nacional Electoral y a otras jurisdicciones donde estarían involucrados municipios”.

Si bien se excusó de brindar detalles para preservar la investigación, Vehils Ruiz aseguró que “la causa está en movimiento y se está indagando, con diferentes medidas que se hacen en coordinación con la Procelac, tendientes a descubrir la verdad de lo que pasó”.

El fiscal federal dijo que “se trabajará con todas las investigaciones necesarias sin pausa, pero sin prisa, ya que hay que ser muy prolijos en una investigación donde se está tratando de averiguar qué pasó con el manejo de fondos públicos, para determinar si fue una irregularidad administrativa o un delito”.

Como se informó, en total son ocho los municipios del norte observados por la UIF debido a que registraron extracciones bancarias sospechosas por un total de $39.487 millones, sin documentación respaldatoria, entre enero de 2023 y octubre de 2024. De Tucumán, están involucrados en la investigación las municipalidades de Banda del Río Salí ($17.256 millones), Famaillá ($11.449 millones), Lules ($4.217 millones) y Monteros ($3.923 millones). La denuncia de la Procelac también apunta contra tres municipios de Catamarca: Belén ($624 millones), Icaño ($1.113 millones) y Corral Quemado ($771 millones); y uno de Salta: San Carlos ($131 millones).

En la denuncia de la Procelac, se advirtió que “es pertinente continuar indagando sobre el destino de tales fondos, a fin de lograr desentrañar cualquier mecanismo tendiente a ocultar verdaderos contribuyentes de las campañas electorales en cuestión, identificar actividades y personas vinculadas con maniobras ilícitas”.