Argiró denunció a Catalán y Pelli por sus domicilios y cuestionó sus aspiraciones para 2027

La disputa entre radicales y libertarios en la carrera electoral hacia 2027 sumó un nuevo capítulo, esta vez en los Tribunales Federales. El concejal de Yerba Buena Mauricio Argiró presentó una denuncia penal contra dos de las principales figuras de La Libertad Avanza (LLA) en Tucumán: Lisandro Catalán y Federico Pelli, por presuntas irregularidades en los domicilios registrados por ambos dirigentes.

Se trata de una cuestión que impacta directamente sobre las aspiraciones electorales de los referentes libertarios para el próximo año, ya que si la Justicia hace lugar a la demanda podría bloquear las eventuales candidaturas de Catalán a la Gobernación y de Pelli a la Intendencia de la “Ciudad Jardín”.

El planteo, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, fue realizado ante la Fiscalía Federal con competencia electoral de Tucumán y alcanza también a los agentes, funcionarios, supervisores o autoridades del Registro Nacional de las Personas (RENAPER) que pudieran haber tenido alguna responsabilidad en los trámites cuestionados.

El trasfondo de la denuncia es eminentemente político. Catalán, presidente de LLA Tucumán, viene trabajando para posicionarse como candidato a gobernador en 2027, mientras que Pelli, diputado nacional por el espacio libertario, manifestó su intención de disputar la intendencia de Yerba Buena, donde gobierna el radical Pablo Machiarolla. Argiró, quien responde políticamente al jefe municipal y al diputado nacional Mariano Campero,  pretende que la Justicia investigue si los domicilios declarados por Catalán y Pelli fueron registrados de manera irregular con el objetivo de acreditar la pertenencia territorial necesaria para sus eventuales postulaciones.

En el escrito, el edil radical denunció la presunta “registración de domicilios reales falsos y su consiguiente incorporación al sistema identificatorio y electoral”, maniobra que, según planteó, habría tenido como finalidad “crear apariencias documentales de pertenencia territorial susceptibles de ser invocadas” para candidaturas a la Intendencia de Yerba Buena, la Gobernación de Tucumán y/o cargos en el Senado Nacional.

Pelli y la disputa por Yerba Buena

En el caso de Federico Pelli, la presentación apunta a los cambios de domicilio realizados por el diputado nacional y busca determinar si efectivamente reside en Yerba Buena, condición que adquirió relevancia desde que el dirigente libertario exteriorizó sus intenciones de competir por la conducción de la “Ciudad Jardín”.

Según la denuncia, Pelli habría realizado dos modificaciones sucesivas de domicilio en menos de 72 horas, los días 3 y 6 de julio de este año. La última dirección consignada sería un inmueble ubicado sobre avenida Aconquija, donde funcionan locales comerciales y oficinas.

El planteo judicial sostiene que debe investigarse si ese domicilio se corresponde con la residencia efectiva del legislador. La controversia había escalado políticamente semanas atrás, cuando Campero cuestionó públicamente a Pelli y aseguró que no residía en el municipio.

Pelli, por su parte, había rechazado esos cuestionamientos y sostenido públicamente que tiene domicilio y residencia en Yerba Buena y que vive desde hace años en ese municipio.

La discusión excede así una cuestión administrativa y se inserta de lleno en la disputa por la sucesión del intendente radical Pablo Macchiarola. La eventual candidatura de Pelli supone un desafío de LLA en uno de los principales bastiones de la oposición tucumana, gobernado por el espacio político que encabezó Campero durante ocho años y que actualmente conduce Macchiarola.

Qué dice el escrito presentado en la Justicia

La denuncia aporta además una cronología con la que Argiró busca vincular los movimientos registrales de Pelli con su desembarco electoral en Yerba Buena. Según el escrito, el diputado realizó dos cambios de domicilio con apenas tres días de diferencia, entre el 3 y el 6 de julio de 2026. Primero habría fijado domicilio en Manzana D, lote 11, del barrio 60 Viviendas, y posteriormente en avenida Aconquija 1526. Para el denunciante, la velocidad de esas modificaciones y su proximidad con las manifestaciones públicas sobre una eventual candidatura justifican que la Justicia determine si existieron realmente mudanzas o si los cambios tuvieron una finalidad exclusivamente electoral.

El último de esos domicilios ocupa un lugar central en el planteo. Argiró sostiene que en avenida Aconquija 1526 funciona una galería comercial y que Pelli reconoció públicamente que no vive allí, aunque explicó que eligió esa dirección porque se encuentra dentro de Yerba Buena. La denuncia contrapone esa situación con otras declaraciones atribuidas al diputado, en las que habría señalado que su residencia se encuentra en Alto Verde II, en Cebil Redondo. A partir de esas manifestaciones, el concejal pretende que la Justicia determine cuál es la residencia efectiva del postulante libertario y si el domicilio incorporado a sus registros oficiales se corresponde con ella.

Para intentar acreditar esa hipótesis, Argiró pidió una batería de medidas que exceden la simple consulta del padrón electoral. Entre otras diligencias, solicitó informes al Registro Inmobiliario, bancos, empresas de servicios y organismos públicos, además de constataciones y testimonios vinculados con la vivienda de Alto Verde II y el inmueble de avenida Aconquija. Incluso pidió verificar la existencia y características de un crédito hipotecario que Pelli tendría sobre una propiedad ubicada en Alto Verde II, elemento que la presentación considera relevante para reconstruir dónde reside efectivamente.

Requisitos para ser Gobernador, el planteo contra Catalán

En el caso de Catalán, Argiró puso bajo sospecha el domicilio de Italia 757, en San Miguel de Tucumán, que figura en documentación partidaria de La Libertad Avanza, y pidió determinar qué relación tiene el dirigente con ese inmueble. Según la presentación, la propiedad estaría registrada a nombre de un tercero, mientras que información incorporada por el denunciante ubicaría la residencia del referente libertario en Bella Vista, partido de San Martín, provincia de Buenos Aires.

El planteo adquiere una dimensión electoral por las aspiraciones de Catalán para 2027. Argiró vinculó la investigación con el requisito constitucional de residencia exigido para competir por la Gobernación y sostuvo que la inscripción de un domicilio en los registros no alcanza, por sí sola, para acreditar residencia efectiva.

Por esa razón, pidió reconstruir dónde vivió Catalán desde mayo de 2025 mediante registros laborales, viajes, servicios, documentación domiciliaria y otros elementos.

La presentación abre, además, otra línea de investigación sobre el RENAPER. Argiró pidió determinar quiénes intervinieron en cada uno de los trámites realizados por Pelli y Catalán y establecer si hubo coincidencias de sede, operadores, supervisores, terminales o canales de gestión. La denuncia plantea como hipótesis una posible “facilitación funcional”, aunque aclara que esa circunstancia deberá ser comprobada y que la eventual existencia de un vínculo político o institucional no permite, por sí misma, inferir una actuación ilícita.

La presentación no se limita a cuestionar a los dos dirigentes libertarios. Argiró solicitó que se investigue la actuación de los funcionarios o agentes del RENAPER que participaron de las modificaciones registrales.

Entre las medidas requeridas, pidió individualizar, para cada cambio de domicilio de Pelli y Catalán, la sede donde se efectuó el trámite, la fecha, hora, usuario, operador, terminal, supervisor y autoridad interviniente.

El objetivo es determinar, según consta en la presentación, si existió “un trámite regular basado en una declaración falsa del interesado o una actuación concertada y funcionalmente abusiva” y establecer además si hubo coincidencias entre los procedimientos realizados por ambos dirigentes.

La denuncia solicita también la preservación de registros digitales y cámaras de seguridad vinculados con los trámites, además de distintas medidas destinadas a establecer dónde residían efectivamente los denunciados.

Argiró pidió, a su vez, que se requiera el historial electoral de ambos y que intervenga el Juzgado Federal con competencia electoral para evaluar eventuales medidas de fiscalización y corrección registral, “sin adelantar decisión sobre responsabilidad penal”.

Las figuras penales invocadas

En su presentación, el concejal encuadró inicialmente los hechos denunciados en distintas figuras legales, aunque será la Justicia la que deberá determinar si existió efectivamente alguna conducta delictiva.

Entre ellas mencionó la denuncia de domicilio falso por parte de un elector, contemplada en el artículo 137 del Código Electoral Nacional; el suministro de domicilio falso previsto por la Ley 17.671; y la posible falsedad ideológica de instrumento público.

También solicitó que se determine si los datos cuestionados fueron posteriormente utilizados ante autoridades partidarias, electorales, municipales, tributarias o legislativas, además de organismos públicos o de ética.

Finalmente, Argiró pidió que, en caso de comprobarse alguno de los delitos contemplados por el Código Electoral Nacional y producirse una condena, se tenga presente la inhabilitación accesoria para el ejercicio de derechos políticos prevista por esa normativa.

La judicialización de la discusión agrega tensión al armado opositor cuando todavía faltan varios meses para la definición de las candidaturas. Los cuestionamientos sobre los domicilios de Pelli y Catalán ya habían generado cruces dentro del propio universo político enfrentado al peronismo, pero la presentación de Argiró trasladó ahora esa disputa a la Justicia Federal.

Contra Pelli

A la hora de fundamentar su denuncia, Argiró apuntó directamente contra las aspiraciones electorales de Pelli y reclamó que desista de competir por la Intendencia de Yerba Buena en 2027.

El concejal radical sostuvo que, según su interpretación de la Ley Orgánica de Municipalidades, el diputado libertario no reúne las condiciones necesarias para postularse. “La ley es para cumplirse. Federico Pelli, no podés ser candidato a intendente de Yerba Buena”, afirmó en un video difundido a través de sus redes sociales. Y fundamentó su planteo: “La Ley de Municipios y Comunas es muy clara: sostiene que para que alguien pueda ser candidato a intendente de cualquier ciudad, en este caso de Yerba Buena, tenés que tener domicilio en Yerba Buena, dos años de residencia y además estar registrado en el padrón electoral del municipio. Ninguna de esas tres condiciones la cumplís”.

Con ese argumento, Argiró fue un paso más allá y emplazó políticamente al diputado nacional a abandonar su proyecto electoral antes de que se formalicen las candidaturas. “Entonces, Federico, hacé las cosas bien. Deponé tu candidatura a intendente porque vos no podés ser candidato a intendente de Yerba Buena porque la ley no te lo permite”, sentenció. El planteo choca de frente con la posición de Pelli, quien ya aseguró públicamente que tiene domicilio en Yerba Buena, que reside desde hace años en el municipio y que pretende disputar la Intendencia en las elecciones de 2027.