Transformación de AFIP: ¿Reestructuración real o cambio de nombre?

Por Miguel Palou Miceli

Socio fundador de Pizavil y Economista

Desde su creación en 1996, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) ha sido el ente encargado de la recaudación fiscal en Argentina, consolidada mediante la unión de la Administración Nacional de Aduanas y la Dirección General Impositiva (DGI). En 2001, la Dirección General de los Recursos de la Seguridad Social se sumó a esta estructura. El gobierno anunció la creación del ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero), en reemplazo de la AFIP, con el objetivo declarado de generar mayor eficiencia y un ahorro de $6.400 millones (anual), a pesar de los costos asociados al rebranding.

Este anuncio, enmarcado dentro de la "reducción del Estado y la eliminación de estructuras ineficientes", recuerda las razones originales detrás de la creación de la AFIP hace 28 años, que también apuntaban a perfeccionar el aparato estatal y aumentar la eficiencia. Sin embargo, aún no se han brindado detalles sobre si esta transición incluirá reformas fiscales más profundas, que son largamente necesarias en el sistema tributario argentino. En principio, por las declaraciones del Ministro de Desregularización, no.

Cambios en la estructura del ARCA

El gobierno nombró a Florencia Misrahi como Directora del ARCA, con cambios también en la Dirección General de Aduanas (Velis reemplaza a Mallea) y la DGI (Vázquez sustituye a Ramírez). Se espera que la nueva estructura ahorre $6.400 millones, lo cual representa un minúsculo 0,001% del PIB. Este ahorro se enfocará en ajustes en la "cuenta de jerarquización", un fondo destinado a los empleados de AFIP, que vería reducida su distribución para algunos funcionarios, aunque no se eliminaría.

El despido de 3.155 empleados de la AFIP, que se suma a los 50.000 empleados públicos desvinculados desde diciembre, forma parte de la reestructuración. Aunque la AFIP solo representa el 0,62% del total de empleados públicos (alrededor de 3,4 millones), consume el 4,5% del presupuesto destinado a sueldos dentro de la administración pública nacional.

El gasto en sueldos y la cuenta de jerarquización

Desglosando el presupuesto de 2025, AFIP destinará $2,1 billones en sueldos, representando el 85% de sus gastos, un 32% más que en 2024. El sueldo promedio de los empleados en 2024 es de $6,19 millones mensuales (aproximadamente 6 veces el índice RIPTE), aunque existe una alta disparidad, con cargos jerárquicos percibiendo sueldos entre $24 y $32 millones mensuales. Este nivel de remuneración es motivo de polémica, pero está respaldado por estudios como el de Becker y Stigler (1974, "Law Enforcement, Malfeasance, and Compensation of Enforcers"), quienes argumentan que altos salarios en puestos de control son necesarios para desalentar la corrupción y alinear los incentivos individuales con los objetivos de la sociedad.

La "cuenta de jerarquización" fue creada en 2001, durante el gobierno de De la Rúa, y consiste en la asignación de un porcentaje de lo recaudado por AFIP a los empleados como un incentivo. Actualmente, se destina el 0,65% de la recaudación a este fondo, lo que en 2024 implica un total de $604 mil millones, distribuidos en pagos mensuales promedio de $3,1 millones para los empleados.

¿Eficiencia o cambio cosmético?

Federico Sturzenegger, ministro de desregularización, ofreció declaraciones clave que dan contexto a la creación del ARCA. Sturzenegger señaló que la reestructuración no implica directamente una reforma tributaria, sino que es parte de una política más amplia para optimizar los recursos y reducir la evasión fiscal. Según él, el ARCA buscará "la eliminación de cargos innecesarios, la destrucción de circuitos corruptos y la mejora en la eficiencia de la recaudación y el control aduanero". Recalcó que este cambio está alineado con la desregulación del Estado que se viene impulsando en otros sectores.

Lo interesante es que Sturzenegger se distanció del enfoque clásico que ha predominado en la estructura salarial de organismos como la AFIP, basado en la idea de que altos sueldos en puestos de control ayudan a evitar la corrupción. Al contrario, aseguró que esta reforma forma parte de un proceso más amplio de desregulación y profesionalización, priorizando la eficiencia operativa sobre los incentivos salariales elevados. ¿La idea será la de que esta misma lógica se extienda a otros entes públicos, incluyendo Ministerios fiscales y el poder judicial?