Milei elimina la obligatoriedad del 6% del PBI para educación

En su discurso por cadena nacional para presentar el proyecto de Ley de Presupuesto 2026, el presidente Javier Milei destacó un cambio en su enfoque al señalar que la educación será una prioridad. Sin embargo, el proyecto elimina la norma que obliga al Estado a destinar el 6% del PBI a educación, una disposición vigente desde la Ley de Educación Nacional de 2006, aprobada con amplio apoyo parlamentario. Esta obligación, que compromete a la Nación y las provincias a invertir conjuntamente ese porcentaje, solo se cumplió en 2015 y se acercó en 2017, pero en los últimos años la inversión ha caído al 4,9% en 2023 y al 4% estimado en 2024.

El proyecto de Presupuesto también deroga otras normativas que garantizan fondos para sectores estratégicos, como el 0,52% del PBI para ciencia, el 0,2% para educación técnico-profesional y los recursos para institutos educativos de Defensa. Además, Milei prometió un incremento del 8% por encima de la inflación para el presupuesto educativo en 2026, una meta que los especialistas consideran difícil de alcanzar debido a proyecciones económicas optimistas y al veto a la Ley de Financiamiento Universitario.

La disminución del financiamiento educativo es notable. En 2023, el Estado nacional aportó el 1,43% del PBI a educación, pero en 2024 esta cifra se redujo drásticamente al 0,86%. Para 2025, sin la Ley de Financiamiento Universitario, se estima que caerá al 0,73%, con un leve repunte al 0,75% en 2026 según el proyecto de Presupuesto. Javier Curcio, economista de la UBA y CONICET, atribuye dos tercios de esta caída a la eliminación del Fonid (fondo para salarios docentes) y a recortes en universidades y otros programas. El tercio restante se explica por la desinversión de las provincias, principalmente por la caída del salario docente, que ha seguido la tendencia de los salarios generales.

Curcio advierte que el aumento del 8% prometido por Milei depende de condiciones poco probables: un crecimiento económico del 5,5% en 2025 y 5% en 2026, una inflación mensual del 1% en 2025 y 0,8% en 2026, y un tipo de cambio que cierre en $1.325 este año y $1.423 en 2026. “Incluso si se cumplieran, el aumento sería un rebote tras una caída acumulada del 45% en 2024 y 10% en 2025”, explica Curcio.

Polémica

La eliminación de la obligatoriedad del 6% del PBI generó un intenso debate. Mariano Narodowski, profesor de la Universidad Di Tella, sostiene que la derogación “sincera una realidad que ya existía”, ya que la norma casi nunca se cumplió. “Entre 2006 y 2020, se dejaron de invertir unos 26 mil millones de dólares en educación. Gobiernos nacionales y provinciales incumplieron, y Milei solo formaliza esa práctica. No debería haber grandes resistencias en el Congreso”, afirmó en declaraciones al diario Clarín.

Por otro lado, expertos como Curcio critican la medida por su impacto simbólico y práctico. “Eliminar leyes testimoniales puede ser positivo, pero despriorizar sectores estratégicos como la educación y la ciencia, que han perdido casi el 50% de inversión en dos años, es una mala señal. El mundo desarrollado crece invirtiendo en conocimiento, mientras nosotros reducimos recursos”, señaló. Manuel Alvarez Trongé, presidente de Educar 2050, es aún más contundente: “Este proyecto debilita el sistema educativo argentino al eliminar la garantía de financiamiento. Es un golpe al mandato constitucional de asegurar la educación para todos. En un país donde el 85,8% de los estudiantes de secundaria no alcanza niveles básicos en Matemáticas, el 55% de los adolescentes de 15 años no comprende lo que lee y los salarios docentes están por debajo de la línea de pobreza, esta medida agrava una situación ya crítica”.

La inversión en educación alcanzó su punto más bajo en 2001, con un 3,9% del PBI, en medio de protestas masivas. La Ley de Educación Nacional de 2006 buscó revertir esa crisis, pero los problemas persisten. La desigualdad educativa, el bajo rendimiento académico y los salarios docentes insuficientes son desafíos estructurales que, según los especialistas, requieren un compromiso claro de inversión. La derogación de la obligatoriedad del 6% y las dudas sobre el aumento del 8% por encima de la inflación generan incertidumbre sobre el futuro del sistema educativo argentino.