El Gobierno nacional confirmó que desvinculó a más de 41.000 empleados públicos a lo largo del primer año de gestión de Javier Milei, evidenciando el efecto de la motosierra en el Estado como una de las banderas que sostiene el oficialismo.
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, compartió los datos actualizados de la reducción del empleo público que llevó adelante la administración libertaria desde que Milei asumió en diciembre de 2023 y exhibió que más de 41.000 trabajadores estatales fueron desvinculados.
El funcionario nacional dio a conocer mediante su cuenta de X que, entre diciembre de 2023 y enero pasado, unos 41.142 empleados públicos perdieron su trabajo en el Estado, como parte de la política de recorte del gasto público que implementó el gobierno en su primer año.
El total del personal público desvinculado se compone de las reducciones en la Administración centralizada y descentralizada (23.576), de las Empresas del Estado (13.161) y del Personal Militar y de Seguridad (4.405).
Sturzenegger celebró el ajuste en el Estado señalando que “seguimos adecuando el tamaño del Estado luego del exceso de ñoquis, militancia y duplicaciones del kirchnerismo” y reafirmando que “la motosierra es pilar del equilibrio fiscal y permite bajar impuestos”.
Protestas
La publicación de los datos se da en medio de nuevas protestas por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) ante “la reciente ola de despidos y el recorte salarial en todos los sectores laborales”, según manifestaron en un comunicado.
En el marco de las marchas, el Secretario General del sindicato, Rodolfo Aguiar, aseguró que “con los despidos masivos y el recorte de salarios, nos conducen a una catástrofe social”, asegurando que “con este presidente y sus ideas, el Estado está muy lejos de articular el bien común y promover el desarrollo humano”, y agregó que “todo el tejido social se está resquebrajando y el entramado productivo destruyendo”.
El sindicato exigió la “reincorporación inmediata” de los trabajadores cesanteados y puestos en disponibilidad en el Ministerio de Capital Humano, Acumar, y todos los organismos que se vieron afectados por la decisión del Gobierno.
Además, adelantaron que convocarán a un Plenario Federal de Delegados para la próxima semana para “definir la continuidad del plan de acción y votar una nueva huelga general”.
"Hay que explicarles a los afiliados que el contexto nacional es muy complejo. Hay un ajuste que está llegando a todos los rincones de Argentina. Tiempo atrás se vieron atrasos salariales importantísimos, incluso se pagó con cuasi monedas, por eso hay que concientizarse sobre lo que estamos pasando. No habrá cesantías en Tucumán, todo lo contrario de lo que sucede a a nivel nacional, donde estimamos alrededor de 70 mil cesantías", había sostenido el gobernador Osvaldo Jaldo en la jornada del miércoles cuando rubricó los acuerdos salariales con los gremios estatales tucumanos, a modo de justificar que en la provincia se apeló mayormente a sostener la estabilidad laboral que al otorgamiento de incrementos significativos en los haberes del sector.