Jubilados que trabajan: Un fenómeno en expansión que revela brechas en el sistema previsional

En un contexto de presiones económicas crecientes, el número de jubilados que optan por seguir generando ingresos laborales escaló de manera notable en la última década. Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a mediados de 2025, cerca de 434 mil personas en esta situación contaban con registros formales, un salto significativo desde los 176 mil de 2010. Este grupo incluye tanto a quienes mantienen vínculos laborales estables como a aquellos que incursionan en modalidades flexibles, reflejando una adaptación forzada a la realidad de haberes que apenas cubren lo esencial.

La composición de estos trabajadores jubilados revela patrones claros de informalidad y precariedad. De los 433.525 casos registrados hasta junio de este año, aproximadamente 90 mil ocupan puestos en relación de dependencia tradicional, unos 34 mil se dedican al cuidado en hogares particulares, cerca de 88 mil operan como independientes y, en el segmento más numeroso, más de 213 mil figuran como contribuyentes del régimen simplificado de monotributo. Este último rubro, en particular, experimentó un auge del 74% desde 2015 —cuando apenas superaba los 122 mil—, atribuible en gran medida a la transformación de contratos dependientes en formas autónomas o a la prolongación de carreras profesionales independientes.

Sin embargo, esta cifra formal palidece ante la magnitud del empleo no declarado. Expertos estiman que superan las 600 mil las personas jubiladas inmersas en actividades off-the-record, un volumen que duplica a los formalizados y que, con frecuencia, implica labores de escasa remuneración y alto desgaste. En conjunto, estos esfuerzos suman más de un millón de individuos, equivalente a una tasa de ocupación del 17,1% entre la población en edad de retiro durante 2024, según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Para 2025, ese indicador ha trepado aún más, subrayando la urgencia de un sistema que no logra sostener a sus beneficiarios.

El desequilibrio de género y socioeconómico añade capas de complejidad a este panorama. “Si bien los recursos provenientes del sistema previsional representan la principal fuente de recursos monetarios de las personas en edad jubilatoria, hay dos veces más varones con ingresos laborales que mujeres”, detalla el informe del INDEC. Además, la participación laboral es más intensa entre los jubilados de estratos bajos —aquellos en los quintiles inferiores de ingresos—, donde predominan ocupaciones ajenas a sus trayectorias previas: tareas de baja especialización, como vigilancias nocturnas o servicios esporádicos, que no solo fallan en mitigar la pobreza, sino que erosionan la longevidad y la calidad de vida.

La normativa previsional ofrece ciertas facilidades para esta doble condición, permitiendo el retiro a los 70 años para hombres y mujeres, y autorizando el empleo registrado sin penalizaciones mayores. En estos escenarios, se retiene un 11% de los salarios para nutrir el Fondo Nacional de Empleo, sin que ello impacte en los ajustes futuros de la prestación jubilatoria. Particularmente, si el beneficiario regresa al mismo puesto tras su formalización como jubilado, se considera un vínculo renovado, reiniciando el cómputo de años para eventuales indemnizaciones por despido. En cuanto a la cobertura médica, no hay aportes adicionales, ya que las deducciones jubilatorias ya financian el acceso a PAMI o prepagas.

Haberes insuficientes

El detonante principal de esta tendencia radica en la erosión del poder adquisitivo de las pensiones. De los 6,2 millones de afiliados al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), excluyendo las no contributivas, casi la mitad —alrededor de 3 millones— recibe sumas equivalentes o inferiores al haber mínimo, mientras que un 16% se ubica entre uno y dos mínimos, y solo el 36% restante supera ese umbral. En noviembre de 2025, el monto base para jubilaciones mínimas alcanza los 333.085 pesos, más un bono de 70 mil; la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se fija en 266.468 pesos con el mismo complemento, y las Pensiones No Contributivas por vejez o invalidez en 233.160 pesos adicionales al bono.

Frente a esta realidad, voces expertas advierten sobre las secuelas invisibles. “Trabajar estando jubilado puede tener efectos positivos para la salud física y mental, pero pasa lo contrario cuando es una necesidad porque para la mayoría con la jubilación la persona no llega a fin de mes y los trabajos disponibles son de bajísima calidad”, coinciden los analistas consultados por el diario Clarín. Así, lo que podría ser una elección enriquecedora se convierte en un lastre, demandando reformas que fortalezcan la red de protección social para que el retiro sea, verdaderamente, un merecido descanso.