
Obtenido en https://impactosdesregularizacion.fopea.org/
El Gobierno nacional sancionó hasta septiembre de 2025 un total de 437 normas, entre decretos, leyes y resoluciones, que apuntaron a modificar o eliminar más de 1.300 medidas preexistentes. Una investigación realizada por Chequeado y elDiarioAR, y publicada en el proyecto de visualización periodística del Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), analizó un recorte de 160 normas para medir su alcance real en la economía y en la vida cotidiana de la ciudadanía. Según el trabajo, el puntapié inicial de esta política se dio con el DNU 70/2023, seguido por la Ley N.º 27.742, conocida como Ley Bases.
Entre las áreas más afectadas, el rubro de Economía y finanzas encabezó el listado con un 27% de las medidas impulsadas, incluyendo cambios tributarios y simplificaciones en comercio exterior. En segundo lugar se ubicó Administración pública y reforma del Estado con un 22,5%, mientras que el Transporte representó el 18,8% de las disposiciones. También se registraron desregulaciones en Energía y minería, Salud y Trabajo y seguridad social, aunque estas últimas tuvieron impacto nulo por resolución judicial, según detalla el informe publicado por FOPEA (impactosdesregulacion.fopea.org).
La investigación también determinó que el 38% de las normas evaluadas tuvo un impacto moderado, es decir, su implementación fue parcial o produjo efectos limitados. Un 22% mostró un impacto bajo, debido a que modificaban aspectos ya en desuso, actuando como una limpieza administrativa más que un cambio estructural. En el otro extremo, un 28% fue catalogado como alto impacto, con transformaciones que alteraron de manera radical el funcionamiento de sectores específicos, como ocurrió con el Decreto 1039/24, que eliminó los préstamos de la ANSES a jubilados, una operatoria que había otorgado más de $1 billón durante 2024.
En el marco de estas reformas, el rol de Federico Sturzenegger, al frente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, se posiciona como figura central en la aplicación de lo que él mismo definió como una política de fuerte recorte y reestructuración del aparato estatal. Tal como cita la plataforma de FOPEA, el economista señaló: “Desregular no es abrir la puerta al caos; es cerrar la puerta a la arbitrariedad”. El informe remarca que, pese a los múltiples pedidos de información, entidades gubernamentales como la Secretaría de Comunicación y el propio Ministerio no respondieron consultas periodísticas durante el proceso de investigación, según consta en el trabajo de Chequeado y elDiarioAR.