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LIMPIEZA EN EL ESTADO

De los estatales que rindieron el examen de idoneidad, hasta ahora aprobó el 96%

Es la cifra informada por ATE, sobre un universo del 10% del total de los 40.000 trabajadores del Estado que deberán aprobar los exámenes determinados por el Gobierno Nacional. Los sindicalistas sostienen que, ante los resultados, a la gestión libertaria "le salió el tiro por la culata" y calificaron a las pruebas como "humillantes".

Por Tendencia de noticias

16 dic, 2024 07:28 p.m. Actualizado: 16 dic, 2024 07:28 p.m. AR
De los estatales que rindieron el examen de idoneidad, hasta ahora aprobó el 96%

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) informó hoy que el 96% del personal evaluado a través de los exámenes de idoneidad planteados desde el ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, pasó la prueba y reclama el pase a planta permanente de los contratos que se vencen en dos semanas.


“Como era de esperar, el 96,3% de los agentes que ya se presentaron a rendir aprobaron sus exámenes y según el propio Ejecutivo, se está demostrando su idoneidad. Hubo 4156 evaluaciones en esta primera semana, siendo más del 10% del universo que el Gobierno pretende evaluar. De ese total, 4002 fueron aprobados”, señaló Rodolfo Aguiar, jefe de ATE a nivel nacional. Y agregó: “La ilegalidad de este sistema de evaluación pública es manifiesta. Aún así, tenemos que destacar el compromiso de nuestro sindicato ya que desde el primer instante los dirigentes y los delegados decidieron estar junto a los trabajadores y acompañar este proceso con cursos de formación y clases de estudio, de apoyo y de repaso”.


"Al Gobierno le salió el tiro por la culata", sostuvo Aguiar, el mismo que consideró ilegal el mecanismo de evaluación y como un intento para justificar la motosierra de la que habla Javier Milei en el ajuste al organigrama de los ministerios, organismos y dependencias del Poder Ejecutivo Nacional.


En este marco, el dirigente sindical sostuvo que los exámenes "están siendo aprobados por los agentes y según el propio Ejecutivo, se está demostrando su idoneidad". "Por lo tanto, debe ponerse a los trabajadores en ejercicio del derecho constitucional de estabilidad y tienen que ser incorporados en la planta permanente del Estado", consideró, en tanto pidió que para aquellos trabajadores que prestan tareas bajo el formato de contratos se deben renovar de manera automática y por un plazo mínimo de un año.


Características de las pruebas


Los exámenes de idoneidad para los empleados públicos alcanzarán a unas 40.000 personas contratados que deben pedir turno y pasar la prueba de cultura general, diseñada con el sistema de multiple choice. El examen consta de entre 20 y 24 preguntas de lógica matemática, comprensión de textos y normativa pública. Se establecieron tres modelos distintos: uno para profesionales, otro para administrativos y otro para servicios generales. El proceso de evaluación se extenderá hasta febrero del año próximo.


Aunque el Gobierno aclaró que las pruebas no iban a utilizarse para recortar personal, si un empleado falla tres veces la evaluación no podrá trabajar en el Estado. En sentido contrario, desde el ministerio de Federico Sturzenegger también explicaron que quienes aprueben no tendrán asegurada su continuidad laboral.


"Humillante"


Desde UPCN, el gremio mayoritario en la administración pública nacional, también cuestionaron los exámenes de Sturzenegger. “Lo consideramos totalmente rechazable. No tiene sentido tomar a exámenes a compañeros que están trabajando hace diez años en sus puestos de trabajo y desarrollan su tarea con normalidad y pueden ser calificados a partir de esa comprobación. Todas estas cuestiones lo único que hacen es alterar el clima de trabajo y generar miedos”, señaló Andrés Rodríguez, histórico jefe de UPCN.


En un comunicado, UPCN calificó al sistema como “un atropello a la dignidad laboral” y señaló que “solo busca humillar a quienes sostienen los servicios esenciales de nuestro país”. El comunicado emitido por la organización sindical sostuvo que estas evaluaciones “no cumplen con los estándares de seriedad y planificación necesarios” y carecen de transparencia.

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