"Este presupuesto que estamos presentando tiene una metodología que blinda el equilibrio fiscal, terminando con el castigo de la deuda y la emisión; va a obligar al Estado a hacerse cargo y absorber el costo de eventuales recesiones; y para los períodos de abundancia como serán los años que vienen, va a obligar a devolver el exceso de recaudación a la sociedad", estas fueron las palabras que expuso el presidente Javier Milei ante el Congreso cuando, en septiembre pasado, presentó el Presupuesto Nacional para el año entrante.
Palabras más, palabras menos, no se gastará por encima de lo que ingresará a las arcas del Estado. Justamente, esta premisa parece haber hecho eco en la administración de Osvaldo Jaldo, quien, en la elaboración de la Ley de leyes tucumana, tuvo en cuenta que el equilibro de las cuentas fiscales y el superávit financiero son metas que deben cumplirse a rajatabla.
Así se lo expresa de manera clara si se analiza el artículo 19 de la norma enviada a la Legislatura para su estudio y tratamiento, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias . Este apartado, declama: "Disponer, respecto del Poder Legislativo, Poder Judicial, Ministerio Público Fiscal, Ministerio Pupilar y de la Defensa, Tribunal de Cuentas y Tribunal Fiscal, que, las transferencias mensuales de los fondos correspondientes a los créditos presupuestarios asignados en el presupuesto vigente, se ajustarán porcentualmente a lo efectivamente percibido sobre los recursos presupuestados vigentes de rentas
generales". La regla es precisa y sintética, no se girarán fondos adicionales a los demás poderes del Estado si en la caja provincial no hay los recursos suficientes para dichas erogaciones.
Además, se resalta que los saldos no ejecutados o no devengados, de Rentas Generales, que permanezcan en las cuentas bancarias al cierre del ejercicio presupuestario de dichas instituciones "se incorporarán en la Jurisdicción correspondiente como recursos remanentes de la misma y deberán ser utilizados prioritariamente al inicio del ejercicio siguiente. Asimismo, deberán rebajarse por idéntico monto las partidas de gastos financiadas con Recursos del Tesoro de la Provincia", reza el artículo 20 del proyecto oficial.
"En este presupuesto seguimos el mismo camino que hemos emprendido desde el primer día. Austeridad en lo fiscal. Dialogo permanente con los poderes del Estado y con el Gobierno nacional. No se puede gastar más de lo que ingresa", adujo el Primer Mandatario cuando anunció la presentación del Presupuesto.
En esta misma línea, la iniciativa estipula que "cuando los Organismos Descentralizados (Estación Experimental Agroindustrial Obispo Colombres, Caja Popular de Ahorros de la Provincia, Instituto de Previsión y Seguridad Social y Departamento Producción Institutos Penales) perciban mayores recursos que los previstos en la presente Ley, que no tengan afectación específica por leyes o convenios, disminuirán por los mismos importes los aportes que se haya establecido que debe realizar la Administración Central".
Pasando en limpio, si a cada organismo le sobra dinero, el Estado tucumano se limitará en los excesos de partidas para su financiamiento.
Gasto en personal
Otro de los ítem donde el Gobierno provincial puso la lupa, emparentándose con la filosofía mileísta de limitar las erogaciones, es el referido al gasto de personal en los tres poderes del Estado, ya que, de acuerdo a la norma, no se permitirán gastos que no estén debidamente justificados ni cuenten con un análisis concreto que habiliten el pago de tales remuneraciones. "Dicha distribución analítica consignará las remuneraciones por concepto mensual y costo anual que le corresponde a su personal, quedando prohibido el pago de conceptos no incluidos en la misma. Abarca la totalidad de la planta del sector Público Provincial y los entes autárquicos. El funcionario que autorice o disponga el pago de cualquier retribución contraviniendo lo dispuesto precedentemente, incurrirá en responsabilidad personal", reza el artículo 21 del texto.
En cuanto al dote de personal permanente de la Administración Pública tucumana, se indicó en la iniciativa, girada a la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Parlamento local, que el mismo fue establecido en 99.485 empleados estatales, pero aquí vale realizar una salvedad, que fue expuesta por el ministro Abad. "La planta de personal se ha reducido en 239 cargos. Pero, en el presupuesto aparece aumentado en 934 porque en el año 2025 vamos a tener en funcionamiento la cárcel de Benjamín Paz y la alcaldía de Delfín Galló, con lo cual eso nos hace incrementar la dotación de personal que tiene que atender esos servicios penitenciarios. Si bien los 934 cargos aparecen aumentando por la necesidad de estos servicios, esto es ampliamente compensado por el retiro voluntario de los jubilados que superan esta cifra. Es decir, que en el número neto, el presupuesto de 2025 de Tucumán ha bajado la cantidad de agentes que trabajan en este gobierno", aclaró el titular de la cartera económica.
Adentrándose en lo que son las especificaciones propias del Presupuesto comarcano para el año próximo, el mismo fue fijado en $3,40 billones de pesos de gastos corrientes y de capital, siendo estos últimos los referidos a inversiones en obras públicas concretamente, que llegan a los $304 mil millones, es decir que casi el 90% de lo pautado se destinará al pago de salarios y funcionamiento de la Administración Pública tucumana.
En tanto, se estima un nivel de gasto de $3,39 billones de pesos, lo que arroja una cifra superavitaria en torno a los $5.600 millones. Asimismo, se remarca que, el nivel de erogaciones previsto surge de cuestiones relacionadas en materia salarial, donde impacta la anualización de los incrementos salariales otorgados durante el corriente ejercicio y el crecimiento vegetativo y además figuran el resto de los gastos del ajuste por inflación previsto.
Prioridades
En relación a una comparativa entre el Presupuesto de este año y el establecido para el próximo, el ministro de Economía Daniel Abad sostuvo que “este año se prevé una inflación estimada entre un 120% y un 130% y el presupuesto que nosotros estamos elevando prevé un incremento de punta a punta en relación a la inflación de un 110%”, destacando el achique de remesas que se estimaron para las partidas respectivas.
Al respecto, el titular de la cartera económica hizo hincapié en las partidas para Educación, Salud, Seguridad y Seguridad Social que registran aumentos reales (descontando la inflación), siendo la que mayor incremento ejecuta la correspondiente a Desarrollo Social. En esta línea, el Gobierno procedió a disminuir los recursos destinadas a otras áreas, como ser la de Información Pública, por ejemplo.
A nivel general, el Proyecto se elaboró teniendo en cuenta la proyección de recursos y las hipótesis de crecimiento económico contempladas en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del mileismo, en el que se estima una variación del PBI real del 5% anual y un tipo de cambio fijado en $ 1.207 a diciembre del próximo año.
Por otra parte, la recaudación prevista de los principales impuestos provinciales para el Ejercicio 2025 asciende a la suma de $ 601.800.000.000, un 100,60% más
respecto a la estimación inicial del Ejercicio 2024. "Este incremento está explicado
principalmente por la suba en el nivel general de precios y la continuidad en la
mejora del grado de cumplimiento de los contribuyentes", aduce el texto de la norma. Se infiere con estos datos que, del total de recursos con los que contará Tucumán el año próximo, casi el 85% provienen del Gobierno Federal.
Niveles de recaudación y créditos
Al momento de hacer un desagregado de la recaudación tributaria provincial, surge que Ingresos Brutos comprende el 83,2% de la totalidad de dicha recaudación, seguida de los montos obtenidos por el Impuesto a los Sellos, Automotores, Salud Pública, Inmobiliario y otros impuestos no especificados.
En esta línea, el jaldismo señaló en el proyecto que los gastos en materia tributaria, o sea, los que deja de percibir el Estado tucumano, ascienden a la suma de
$30.051.219.000, "como consecuencia de la aplicación de políticas fiscales que benefician de manera particular a algunos contribuyentes, actividades o regiones y que tienen por objeto desarrollar determinadas políticas públicas, generalmente a través del otorgamiento de exenciones, deducciones de la base imponible y alícuotas reducidas", aclara el texto.
Sobre este ítem, vale señalar que solamente en "regímenes de promoción económica" (moratorias, subsidios, alícuotas ceros, contribuciones tributarias para algunas áreas y/empresas productivas y económicas de la provincia) el Estado deja de percibir la suma de $ 29.068.854.000, lo que representa el 4,83% de la recaudación total.
Uno de los aspectos relevantes que se mencionan en la iniciativa del Poder Ejecutivo, refiere a la posibilidad de tomar créditos para la concreción de obras públicas, una situación que en el presente año se vio muy condicionada por el ajuste impartido desde Casa Rosada en esta área, lo que paralizó prácticamente de manera total la ejecución de estos trabajos en todas las provincias, incluida Tucumán.
Al respecto, el artículo 17 consigna que se autorizará al PE a tomar préstamos
subsidiarios con garantía de coparticipación federal, suscribiendo la documentación
necesaria con el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, para el
financiamiento de obras y de sus correspondientes inspecciones, en el marco de
programas con financiamiento externo multilateral y bilateral que disponga dicho
Ministerio, por un monto total de hasta US$ 250.000.000 o su equivalente en moneda local.