La provincia en la tormenta perfecta: 24 focos de crisis laboral marcan el impacto del ajuste nacional en la era Milei

La conflictividad laboral en Argentina escaló a niveles críticos desde el inicio de la gestión de Javier Milei, reflejando las profundas tensiones de un modelo basado en el ajuste fiscal y la apertura comercial. En este contexto, el cierre de la planta de FATE se revela no como un evento fortuito, sino como un síntoma de un proceso sistémico de desarticulación productiva. Tucumán es una de las provincias que no es ajena a este impacto: según el último informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), se produjeron en el distrito 24 casos de crisis y conflictividad laboral, lo que representa más del 3% del total nacional y ubica a la provincia como el séptimo aglomerado con mayor afectación del país.

Al analizar la distribución geográfica de los conflictos, el documento advierte que, si bien la zona centro acapara el grueso de los registros, “por fuera de la zona centro del país, en el sexto lugar de mayor conflictividad se encuentran Tierra del Fuego (4,2%) seguido por Tucumán (3,3%)”. Además, nuestra provincia se sitúa en la segunda posición de hechos problemáticos a nivel regional, solamente por detrás de La Rioja (62 casos) al analizar la situación en el NOA. Este panorama se enmarca en un proceso donde el país atravesó transformaciones macroeconómicas caracterizadas por el “ajuste fiscal, desregulaciones, apertura importadora y redefinición del rol del Estado”, factores que generaron impactos directos sobre el nivel de actividad y el empleo.

A nivel nacional, el informe sistematiza un panorama desolador: entre enero de 2024 y febrero de 2026 se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral. El desglose de los datos permite identificar los rasgos centrales de esta crisis:

• Sectores más golpeados: La Industria es el sector más perjudicado con el 62,1% de los casos, afectando principalmente a las ramas textil, de alimentos, metalúrgica y siderúrgica, “fundamentalmente como consecuencia de la apertura importadora”. Le siguen los Servicios (16,9%) y el sector Primario (9,5%).

  
  

  A modo de ejemplo, puede mencionarse el caso tucumano de la empresa Hilado SA (Grupo TN & Platex) que solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores con el objetivo de “afrontar sus compromisos ordenadamente y garantizar la continuidad operativa de sus plantas industriales”. Esta medida responde a una crisis profunda en el sector textil, agudizada por la caída del consumo, los elevados costos financieros y un fuerte incremento de las importaciones, que en 2025 alcanzaron los USD 1.506 millones, con un crecimiento explosivo del 274,2% en envíos vía courier. Tras el cierre por tiempo indefinido de su planta en Los Gutiérrez, que dejó a 190 empleados en situación de inactividad, la firma busca “preservar a la empresa, a sus empleados y por sobre todo, para seguir siendo un proveedor confiable”. Mientras la compañía intenta reorganizar sus finanzas y vender activos no estratégicos, se mantienen gestiones con diversas empresas locales para intentar reinsertar laboralmente a los trabajadores afectados en la provincia.

  
  

• Tipos de conflicto: La principal razón de los focos de tensión han sido los Despidos (63,6%), seguidos por los Cierres de empresas (12,3%), las Suspensiones (10%) y las Crisis (7,8%. Se consideran “crisis” aquellos casos en los que se registran conflictos derivados de la actual situación económica general, tales como la caída de las ventas por la disminución del consumo o la apertura importadora, el rechazo de cheques por falta de fondos, la falta de pago o el pago parcial de salarios, entre otros).

• Perfil de las empresas: Las PYMES han sido las principales víctimas, concentrando el 39,1% de los conflictos, seguidas por los Conglomerados Extranjeros (27,3%) y las Grandes Empresas (18,3%). Además, el 71,5% de los casos afectó a empresas de capital nacional.

El documento del CEPA resalta una preocupante aceleración de la crisis en los últimos meses. Desde la elección legislativa de octubre de 2025, los conflictos “no se detuvieron, sino que se recrudecieron”, pasando de un promedio de 24 casos mensuales a 42 casos por mes entre finales de 2025 y febrero de 2026. En este período reciente, la dependencia de la conflictividad en el sector industrial se agudizó, alcanzando el 67,1% de los registros totales.

Finalmente, el informe concluye que la conflictividad laboral es un indicador central que refleja las tensiones derivadas de los procesos económicos actuales. La sistematización de despidos, suspensiones, retiros voluntarios y quiebras evidencia que la industria nacional enfrenta un desafío de supervivencia frente a una apertura que, en muchos casos, ha llevado a las empresas a “importar en vez de continuar con la producción”, dejando un rastro de miles de puestos de trabajo perdidos en todo el territorio argentino.