La Justicia de EE.UU. ratificó una condena contra la Argentina y deberá pagar más de US$390 millones por la expropiación de Aerolíneas

La Cámara de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia confirmó este martes una sentencia que obliga a la Argentina a pagar más de US$390 millones al fondo Titan Consortium, en el marco del litigio originado por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur, dispuesta en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

La demanda tiene su origen en el proceso de estatización de la compañía aérea. En 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) condenó al Estado argentino a abonar aproximadamente US$321 millones, más intereses y costas, por la expropiación de las participaciones accionarias de ambas empresas.

Tras el pedido de nulidad presentado por la Argentina, el laudo quedó firme en 2019. Posteriormente, Titan Consortium, firma que adquirió los derechos económicos derivados del fallo como cesionario de Teinver y otros accionistas, solicitó en 2021 el reconocimiento y la ejecución del laudo ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.

En 2024, el tribunal de primera instancia rechazó el planteo de prescripción formulado por la Argentina, que sostenía que correspondía aplicar un plazo de tres años. En cambio, determinó que el plazo legal aplicable era de doce años y reconoció el laudo por un monto de US$390.907.115,55, calculado al 10 de diciembre de 2024, más los intereses posteriores a la sentencia.

El Estado argentino apeló esa decisión insistiendo en la aplicación del plazo de tres años. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones confirmó ahora el criterio del tribunal inferior y dejó firme la condena por más de US$390 millones.

Tras conocerse la resolución, desde la Procuración del Tesoro informaron a la Agencia Noticias Argentinas que se encuentran analizando "todas las herramientas legales disponibles para revertir o al menos mitigar el impacto de esa sentencia".

Además, el organismo sostuvo que el litigio "se origina en la herencia que arrastramos por décadas, producto de políticas estatistas y del costo institucional de volver a levantar un país que heredamos con más de US$30.000 millones en deudas por juicios perdidos".