
El proyecto para revertir el flujo del Gasoducto Norte se encuentra actualmente estancado debido a la detención de las obras en cuatro plantas compresoras fundamentales, lo que impide que el norte argentino reemplace el declinante suministro boliviano con hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta. Esta interrupción, originada por el concurso de acreedores de la firma constructora ante deudas de la estatal Enarsa y el cese de la obra pública, está impactando directamente en Tucumán, donde la falta de infraestructura se traduce en restricciones de gas para el sector productivo y una marcada desigualdad de costos frente a otras regiones del país.
La infraestructura necesaria para liberar el cuello de botella energético comprende las plantas de Lavalle, Lumbreras, Dean Funes y Ferreyra, cuyos niveles de avance son dispares y oscilan entre el 20% y el 80%. No obstante, los trabajos en estas estaciones se encuentran paralizados desde hace meses por el complejo escenario judicial de la empresa Esuco. Ante este panorama, el Gobierno de Tucumán manifestó su preocupación por las asimetrías federales y advirtió que la industria local enfrenta restricciones de hasta el 70% en el suministro, operando bajo esquemas de emergencia para proteger los equipos fabriles.

La problemática se agrava por el elevado consumo en la provincia de Córdoba, que absorbe gran parte de los saldos disponibles e impediría alcanzar la capacidad proyectada de 19 millones de metros cúbicos diarios para el NOA, aun si se terminaran las plantas actuales. En este contexto, la Unión Industrial de Tucumán (UIT) denunció que el sector productivo es utilizado como "variable de ajuste", señalando que muchas empresas deben recurrir a gas importado con valores cercanos a los USD 27 por millón de BTU, mientras que en otras zonas del país el insumo cuesta apenas USD 3.
Para intentar resolver la limitación de transporte de forma estructural, la empresa TGN analiza presentar un proyecto para un nuevo gasoducto que conecte Neuquén con Córdoba. Esta obra, con un costo estimado de 2.000 millones de dólares, buscaría abastecer no solo la demanda doméstica y minera del norte, sino también abrir canales de exportación hacia Chile, Bolivia y Brasil. Por el momento, la solución inmediata para el abastecimiento regional permanece supeditada a la resolución del conflicto legal que mantiene inactivas las plantas compresoras clave del sistema actual.