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El fútbol tucumano quedó este jueves frente a una amenaza concreta: si las autoridades de la Liga Tucumana vuelven a desoír al Consejo Federal de la AFA, la entidad podría perder su afiliación o ser desafiliada. La advertencia figura en la resolución del expediente 5848/26, con la que el Tribunal de Disciplina Deportiva del Interior llevó a un año, con efecto inmediato, el castigo al presidente Eduardo Monteros, al secretario Juan de la Cruz Roldán y al tesorero Ricardo René Elías. Por ahora la liga no fue suspendida ni desafiliada: la sanción vigente recae solo sobre los tres dirigentes.
Quedar fuera del sistema tendría un costo alto para los clubes. Los torneos de la liga perderían el reconocimiento oficial del Consejo Federal, se revocarían las licencias deportivas de las instituciones y estas no podrían participar en certámenes de la órbita AFA, como el Regional Federal Amateur, el fútbol femenino o el futsal. El tribunal también les recordó a los dirigentes que, antes de acudir a la justicia ordinaria, deben agotar las instancias deportivas.

La medida reemplaza las suspensiones de tres meses que el mismo organismo había dictado el 15 de octubre, a partir de reclamos de dirigentes de clubes afiliados. Entre los reproches figuraban la falta de una Asamblea General Ordinaria para tratar el balance 2025 y la inexistencia de un Tribunal de Cuentas con mandato vigente. Más tarde, el vicepresidente primero, Darío Zamoratte, presentó nuevas denuncias en las que cuestionó que los sancionados siguieran ejerciendo funciones.
Entre los hechos que expuso figura una reunión del Comité Ejecutivo, con Elías presente, en la que se habría resuelto desplazar a Roldán de la secretaría y poner en su lugar a Walter Fabián Sánchez, además de otro encuentro presidido por Monteros el 28 de octubre. El titular de la liga rechazó los cargos: sostuvo que la sanción solo le impedía representar a la entidad ante la AFA y el Consejo Federal, no manejar los asuntos internos, y cuestionó la competencia del organismo para intervenir. El tribunal, en cambio, dio por acreditado un nuevo incumplimiento del reglamento general y unificó las penas.
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