La AFA negó que Tapia y Toviggino hayan sido citados por la Justicia de Estados Unidos

La Asociación del Fútbol Argentino decidió responder de manera oficial a las especulaciones que circularon en las últimas horas y que vinculaban a su cúpula dirigencial con un proceso judicial abierto en Estados Unidos. A través de un comunicado, la entidad que preside Claudio "Chiqui" Tapia buscó despejar cualquier duda sobre el alcance real de un documento judicial que, según distintos medios, habría implicado una citación a declarar para el propio Tapia y para el tesorero Pablo Toviggino.

De acuerdo con la explicación brindada por el ente madre del fútbol argentino, la notificación en cuestión —emitida por un juzgado federal con sede en el Distrito Sur de Florida— no tiene como destinatarios a las autoridades de la AFA, sino a un tercero ajeno a la conducción de la entidad. Esa persona sí fue convocada a presentarse ante un Gran Jurado y a entregar documentación y registros de comunicaciones vinculados a varias personas, entre las cuales figuran dirigentes de la Asociación.

El texto oficial también salió al cruce de otra versión que había tomado fuerza en las últimas horas: la supuesta incautación de los teléfonos celulares de Tapia y Toviggino por parte de agentes estadounidenses. Desde la AFA calificaron esa información como carente de sustento y remarcaron que ningún dispositivo les fue retenido, así como tampoco existe orden alguna que los obligue a comparecer, les fije obligaciones procesales o disponga el secuestro de bienes de su propiedad. El trasfondo de esta seguidilla de versiones es una investigación en curso en territorio norteamericano sobre el esquema financiero utilizado en contratos internacionales de la entidad, pesquisa en la que también aparece mencionado el nombre de Javier Faroni y que ganó notoriedad luego de que agentes del FBI intervinieran en el caso.

Por último, la conducción de Viamonte 1366 cuestionó la circulación de datos "inexactos o deliberadamente tergiversados" por el daño que ese tipo de informaciones genera sobre el honor y la reputación tanto de personas como de instituciones. En ese sentido, pidió a los periodistas y a los medios extremar los recaudos antes de publicar contenido que no esté debidamente chequeado, y advirtió que evaluará iniciar acciones legales contra quienes difundan versiones falsas o engañosas que afecten a la institución o a sus dirigentes.