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Tucumán busca consagrar la "Desconexión Digital" para todos sus empleados públicos
Un proyecto de ley impulsado por legisladores peronistas tiene como objeto extender el derecho a no responder comunicaciones laborales fuera de horario, ya vigente para los docentes, a la totalidad de la Administración Pública Provincial.
La Legislatura de Tucumán tiene en su órbita de análisis un proyecto de ley que establece el derecho a la desconexión digital para todos los trabajadores dependientes de la Administración Pública Provincial. La iniciativa, presentada por el legislador peronista Raúl Roberto Moreno (foto inferior) y acompañada por las firmas de sus pares Roque Argañaraz, Alejandro Matías Figueroa, Tulio Caponio y Maia Vanesa Martínez , tiene como principal objetivo garantizar el respeto al tiempo de descanso, licencias, permisos y la vida personal y familiar de los agentes.
Este proyecto responde a las transformaciones del mundo laboral impulsadas por la digitalización y la "instalación cultural de la disponibilidad continua, que disuelve las fronteras entre el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso". Los fundamentos de la norma señalan que la hiperconectividad, con la aparición de teléfonos inteligentes y mensajería instantánea, generó una "expectativa de respuesta inmediata" que "traspasa los límites de la jornada laboral, generando una 'extensión tácita' de la disponibilidad del trabajador, aun cuando este se encuentre fuera de servicio".
El alcance de la ley es amplio, ya que se aplica al personal de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, organismos descentralizados, autárquicos, empresas y sociedades del Estado, y cualquier otro ente público provincial, sin importar su régimen estatutario.
El texto define a la desconexión digital como "el derecho del trabajador o trabajadora a no conectarse ni responder comunicaciones, requerimientos o tareas de carácter laboral mediante dispositivos o plataformas digitales (correos electrónicos, mensajería instantánea, llamadas telefónicas u otros medios tecnológicos) fuera de su jornada laboral, sin que ello pueda constituir falta, incumplimiento o causal de sanción".
El proyecto establece una prohibición específica: "Queda prohibido que superiores jerárquicos, autoridades o la institución asignen tareas, exijan respuestas o requieran disponibilidad digital fuera de la jornada laboral, salvo las excepciones contempladas en la presente ley". Además, se garantiza que el ejercicio de este derecho no podrá ser motivo de sanción disciplinaria, afectación de la evaluación de desempeño, inhibición de ascensos, pérdida de adicionales, ni ningún otro perjuicio laboral.
Excepciones y antecedentes
La iniciativa contempla situaciones específicas que quedan exceptuadas del derecho a la desconexión:
Fuerza mayor o emergencias: Situaciones de fuerza mayor, emergencias, catástrofes o peligro inminente para las personas, el ambiente o los bienes del Estado.
Funciones esenciales: Personal que cumpla funciones esenciales o de guardias activas o pasivas, conforme a sus regímenes especiales.
Altos cargos: Funcionarios con cargos políticos, autoridades superiores, secretarios, subsecretarios y quienes la reglamentación determine expresamente.
La propuesta de ley subraya que la provincia ya cuenta con un antecedente en la materia: "A nivel provincial, Tucumán ya ha reconocido este derecho para el personal docente a través de la Ley N.º 9.897". Los legisladores argumentan que, si bien la norma para el sector educativo marcó un precedente valioso, la situación de hiperconectividad hoy afecta a la totalidad de los agentes provinciales, lo que hace necesario extender el derecho al conjunto de la Administración Pública.
Impacto en la salud y la eficiencia
La norma se basa en estudios que señalan que la "sobrecarga digital" provoca "aumento del estrés, dificultades para conciliar el sueño, deterioro del descanso efectivo, reducción del rendimiento cognitivo y mayor riesgo de padecer síndrome de Burnout (agotamiento laboral crónico)".
En este sentido, Moreno cita a organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que advierte que "la conectividad permanente y la ausencia de límites claros entre trabajo y vida privada constituye una forma de riesgo laboral contemporáneo que requiere de regulaciones específicas". La Organización Mundial de la Salud (OMS), que incorporó el burnout a su clasificación de enfermedades como un fenómeno asociado al ámbito laboral, atribuible en parte a la disponibilidad permanente.
El proyecto enfatiza que el reconocimiento de este derecho no solo protege la salud de los trabajadores, sino que "además mejora la eficiencia institucional, ya que un agente descansado es un agente que desempeña mejor sus tareas". Además, se lo considera un "mecanismo de protección integral" y un factor que "contribuye a una distribución más justa del tiempo y favorece la conciliación entre vida laboral y vida personal", especialmente para quienes tienen responsabilidades de cuidados, como las mujeres.
Finalmente, el Poder Ejecutivo Provincial será el encargado de designar la Autoridad de Aplicación, que tendrá facultades para la reglamentación, supervisión, difusión, control y recepción de denuncias por incumplimiento de la ley. Asimismo, se invita a los Municipios y Comunas Rurales a adherir a la nueva legislación.
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