Impulsan sanciones para padres por conductas violentas de sus hijos en escuelas tucumanas

En medio de la creciente preocupación por recientes hechos de violencia escolar, la legisladora peronista Maia Martínez (foto inferior) presentó un proyecto de ley que busca atribuir responsabilidad contravencional a los padres o tutores de alumnos que incurran en conductas violentas dentro de las instituciones educativas. La iniciativa plantea incorporar un nuevo capítulo a la Ley 5.140 (fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2010), que regirá la actuación policial ante el incumplimiento de los deberes parentales en el ámbito escolar.

El proyecto propone la creación del “Capítulo V: Contravención por responsabilidad parental en el ámbito escolar”, que establece que los progenitores o adultos responsables serán sancionados cuando, tras ser notificados por las autoridades educativas o de protección de la infancia, “incumplieren los deberes previstos en el artículo 103 incisos 3 y 4 de la Ley 8.391; o el deber de orientación, diálogo, vigilancia o cuidado, o no adoptaren las medidas necesarias para evitar la reiteración o reparar el daño”. La norma a la que se alude, la Ley Provincial de Educación, remarca en el articulado detallado que los padres o tutores de los estudiantes tienen las siguientes

obligaciones:

• "Participar en las actividades que organice la unidad escolar y responder a las convocatorias que realicen las autoridades escolares relacionadas con la educación de sus hijos;

• "Respetar y hacer respetar a sus hijos las normas de convivencia establecidas y las disposiciones del Proyecto Educativo institucional".

Las sanciones podrán ir desde una multa equivalente a entre 450 y 1.500 litros de nafta premium hasta tareas educativas o comunitarias por un máximo de 30 días.

El texto señala que la escuela será la instancia inicial de actuación, aplicando el Protocolo de Situaciones Escolares Complejas. Allí deberá constatarse la citación de los adultos y la falta de cooperación en la instancia previa. Cuando no haya acuerdo, no se cumplan los compromisos o exista inasistencia, las actuaciones se remitirán al Juzgado Contravencional competente con un informe detallado de lo sucedido. Además, el proyecto aclara que el producido de las multas será dirigido al Fondo Educativo Provincial para acciones de prevención y asistencia vinculadas a situaciones conflictivas en el ámbito escolar, así como a bibliotecas populares.

El articulado también contempla excepciones, quedando eximidos los progenitores que se encuentren privados o suspendidos del ejercicio de la responsabilidad parental, quienes no posean el cuidado personal del menor o aquellos alcanzados por medidas de restricción judicial que les impidan intervenir en la supervisión o crianza.

La iniciativa legislativa toma estado público días después del ataque a una niña de 13 años en una escuela de Alderetes, hecho que abrió un fuerte debate sobre los roles del Estado y las familias en la prevención de la violencia escolar.

Consultado por la prensa, el gobernador Osvaldo Jaldo había sostenido que la responsabilidad no puede recaer únicamente en el sistema educativo. “La verdad es que nosotros no podemos controlar el 100% de los alumnos que concurren a más de 1.000 escuelas que hay en la provincia de Tucumán. En esto necesitamos la ayuda del papá y de la mamá. Necesitamos la concienciación a los chicos desde la casa”, afirmó. El mandatario reiteró que la responsabilidad debe ser compartida: “Si toda la culpa le echamos al docente, a la directora, al ministro de Educación o al Gobierno, no vamos a terminar de solucionar este problema. Esto hay que empezar a resolverlo desde la casa”.

La ministra de Educación Susana Montaldo también se refirió al caso, para la funcionaria, el control cotidiano es esencial: “No puede la directora revisar 400 mochilas; la familia es la responsable de los chicos que manda a la escuela”. Montaldo aseguró que el sistema educativo trabaja en prevención, pero que sus atribuciones son limitadas: “Nosotros estamos para educar, no somos policías. Si un chico lleva un arma a la escuela, hay que pensar qué está pasando antes. Eso da síntomas”. Destacó que más de 600 escuelas ya desarrollan programas de mediación escolar y que en los últimos meses se detectaron preocupantes señales en adolescentes, entre ellas adicciones al juego, consumos problemáticos y “un índice de suicidios importante”.

Una discusión que gana protagonismo

El proyecto de Martínez llega en un escenario atravesado por una serie de episodios de violencia escolar: peleas entre estudiantes, agresiones graves y un caso reciente de bullying que derivó en un intento de suicidio. En ese marco, su propuesta busca otorgar herramientas contravencionales al Estado para exigir mayor participación adulta en la prevención de conflictos.

Para la legisladora, el objetivo es establecer una responsabilidad clara sobre los adultos a cargo cuando se presentan situaciones complejas. El documento afirma que las sanciones procederán cuando exista “culpa o falta de cooperación” de los padres o tutores, dejando en manos de la autoridad contravencional la determinación de cada caso.