SAT y escuelas: Vuelven a prorrogar la “válvula de emergencia” y la contratación directa

La Legislatura sancionó un paquete de leyes que extienden el régimen de emergencia económica, hídrica y social en la provincia, además de prorrogar facultades especiales al Ministerio de Educación para la contratación de obras en dicha área y el financiamiento de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) hasta el 31 de diciembre de 2027. El legislador Carlos Gallia, presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, solicitó tratar de manera conjunta los puntos 4, 5, 6 y 7 del temario, argumentando que se trata de un conjunto de normas fundamentales para "garantizar la gobernabilidad, la previsibilidad administrativa y la paz social" en un "contexto nacional complejo". Sin embargo, la extensión de facultades y el mantenimiento de marcos normativos que suspenden los controles habituales desató una fuerte controversia en el recinto, con la oposición denunciando que el concepto de "emergencia" ha reemplazado a la gestión estatal transparente.

Uno de los puntos que generó el rechazo más fuerte de la oposición fue la prórroga de la Ley 9062, que faculta al Poder Ejecutivo a otorgar aportes no reintegrables a la SAT, al mismo tiempo que exceptúa a la empresa de cumplir con la Ley de Administración Financiera.

La legisladora radical Silvia Elías cuestionó la discrecionalidad en el manejo de fondos, afirmando que "nadie está en contra que se den aporte a la SAT para que se hagan las obras que se necesita", pero sostuvo que el desacuerdo es que "se lo haga, exceptuando cumplir con lo que dice la ley de administración financiera". En un tono similar, el legislador Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana) fue categórico al señalar que votaría en contra de la medida, ya que no ven justificativos para seguir prorrogando "el privilegio a una empresa estatal como es la SAT, donde se salta todos los controles posibles". Guerra precisó que suspender el artículo 204 de la Ley de Administración Financiera es ni más ni menos que "la suspensión de la transparencia, de los controles". Dicho artículo prohíbe a las entidades del sector público realizar aportes o transferencias a empresas y sociedades del Estado cuyo presupuesto no esté aprobado en los términos de la misma ley, un requisito que también es imprescindible para operaciones de crédito público. Dado que la SAT no proyecta sus gastos en el Presupuesto General de la Provincia, la sanción original de la Ley 9062 fue la vía legal que encontró el Poder Ejecutivo hace ocho años para garantizar el flujo de fondos necesarios para que la empresa pudiera concretar trabajos hídricos, cloacales y de saneamiento ante la deficiente prestación que registraba.

Eduardo Verón Guerra.

Manuel Courel aportó cifras que dimensionan los aportes millonarios que recibe la empresa, destacando que "en lo que va del 2025 se van aportando $1.756 millones en aportes no reintegrables", y sumó que el total recibido por la SAT entre 2017 y 2025 asciende a "11.700 millones". Courel enfatizó la paradoja de estas inyecciones de capital ante la deficiencia del servicio: "la deficiencia de servicio de la SAT es notoria, barrios enteros de la capital y de la zona metropolitana, la zona de Yerba Buena, Tafí Viejo, sin agua o sin presión de agua". Asimismo, criticó la falta de rendición de cuentas, ya que "no sabemos cómo administra los fondos públicos que recibe. No hay balance ni cuenta de inversión".

Por su parte, el peronista Tulio Caponio (hermano del titular de la SAT, Marcelo Caponio) defendió la gestión de la empresa estatal, afirmando que los datos expuestos por la oposición "no son reales". Caponio destacó las obras ejecutadas en los últimos dos años, incluyendo la recuperación de la "famosa balsa La Niña" en el dique El Cadillal, la ejecución de "más de 53 pozos" de agua nueva, y la reparación de acueductos clave. El parlamentario explicó que la ayuda del gobierno provincial se justifica porque la tarifa de la SAT está atrasada —a valores de diciembre del año anterior— y en su valor "no está incorporado el tema inversión".

19 años de vigencia

Otro foco de fuertes críticas se concentró en la prórroga de la Ley 7875, que declara la emergencia hídrica y social. Gallia justificó la extensión de esta norma como esencial: "No podemos desfinanciar el servicio de agua y saneamiento en este momento crítico".

Sin embargo, la oposición apuntó a la duración de esta medida. Courel recordó que la Ley 7875 "se sancionó en febrero del 2007 por 120 días y con esta prórroga ya lleva 18 y va para los 19 años de vigencia". Courel lamentó que en casi dos décadas, al oficialismo "nunca se nos ocurrió un plan director o un plan para terminar con la emergencia y efectivamente realizar las obras", señalando que la falta de obras es evidente, con "canales de todo el área metropolitana que no dan abasto".

Silvia Elías comparó la situación con una gestión que utiliza la excepción como regla, al señalar que en la provincia "la válvula de emergencia ha reemplazado a la gestión". Argumentó que este recurso debe usarse solo ante fuerza mayor, y que "hoy, 19 años después, que hagamos el por si acaso este declaración de la emergencia, la verdad que lo que estamos haciendo es reemplazando la gestión justamente por esta valvulita".

Manuel Courel.

En el marco de este paquete de leyes, el oficialismo también prorrogó la Ley 8228 de Emergencia Económica y la inembargabilidad de los bienes públicos, aspecto que Gallia consideró "vital para proteger el erario provincial y asegurar que los recursos de los tucumanos se destinen a servicios esenciales y no a embargos judiciales intempestivos". Además, se extendió la vigencia de la Ley 7007 que sostiene la estructura salarial de los empleados de los tres poderes, incluyendo los vales alimentarios, y se sostuvo el régimen actual para las comunas rurales, Ley 7115, respecto al Fondo del Desarrollo del Interior.

Frente a la prolongación de estas normas de excepción, el legislador opositor José Macome sugirió la creación de una comisión plural que trabaje durante el año en el estudio de estas emergencias, proponiendo que se realicen informes para determinar si es posible que "alguna de estas emergencias se transforme en ley" definitiva, pues las normas con "18 años de antigüedad ya no no tiene ningún sentido".

Obras escolares

La tercera norma clave incluida en el paquete fue la prórroga de la Ley 9466, que establece un régimen de cotejo de precio para obras de refacción de edificios escolares, permitiendo al Ministerio de Educación recurrir a la contratación directa.

Adriana Najar.

Adriana Najar, miembro informante de la Comisión de Educación, defendió la necesidad de la prórroga y la actualización del monto de la ley, señalando que esta normativa "ha demostrado ser un instrumento eficaz para la refacción, el reacondicionamiento y la reparación de edificios escolares en toda la provincia". La legisladora justificó la medida por el "significativo incremento en el índice de la construcción y demás costos asociados", y por la necesidad de agilizar los trabajos en los más de "1000 establecimientos educativos estatales" bajo la responsabilidad del Ministerio. Gallia coincidió, subrayando que la prórroga es clave porque, de lo contrario, "la burocracia impediría llegar a tiempo con las obras que nuestras escuelas necesitan".

A pesar de la justificación oficial sobre la celeridad, Silvia Elías manifestó su rechazo a esta prórroga, argumentando que otorgar la posibilidad de que se realicen "construcciones escolares sin cumplir la la ley" y solo mediante contratación directa, es una medida que busca "incumplir las leyes de transparencia, las leyes de control".