Pese a los avances que argumentó el oficialismo, la seguridad en la Provincia seguirá en emergencia por dos años más

En la sesión presidida por el vicegobernador Miguel Acevedo, la Legislatura aprobó la prórroga por dos años –hasta el 31 de diciembre de 2027– de la Ley 9057 de Emergencia en Seguridad. El despacho que se convirtió en ley fue el dictamen de minoría que reproduce textualmente el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo. Solo cuatro votos negativos se registraron: Ricardo Bussi, Eduardo Verón Guerra, Claudio Viña y Walter Berarducci.

El miembro informante, Carlos Najar (presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia), fundamentó el acompañamiento oficialista con datos y cifras: “Entre el año 2024-2025 nuestra provincia logró los mejores indicadores de seguridad de los últimos 25 años. Los homicidios totales anuales en la provincia de Tucumán, veníamos en una situación de ascenso que solo se deprime a partir del año 2020 por la pandemia. Hoy estamos hablando de 152 homicidios en ocasión de robo y en la actualidad 33 y con tendencia negativa”. Najar atribuyó los resultados al "incremento de la presencia policial y la implementación de la ley de narcomenudeo”, y detalló las inversiones habilitadas por la emergencia: incorporación de efectivos, vehículos, armamento, pistolas semiautomáticas, cromatógrafo para Criminalística, chalecos, cascos, colectivos penitenciarios, cabinas antivandálicas y cámaras de vigilancia, además de la construcción del complejo Benjamín Paz y la alcaldía en Las Talitas.

Gerónimo Vargas Aignasse (bloque justicialista) reforzó la postura: “Hemos mejorado mucho en seguridad, pero es real que nos falta mucho todavía. Veníamos de una situación extrema y hemos mejorado mucho gracias a la ley de emergencia que esta Legislatura sanciona. Esto ha permitido compras e inversiones expeditivas”. El legislador adelantó nuevos desafíos: “Hoy, el mayor porcentaje de sustancias ilícitas no intentan llegar por tierra, lo hacen por aire. Estamos trabajando en un proyecto de control aeroespacial con radar 3D y drones de seguimiento”.

Intercambio de opiniones entre Carlos Najar y Ricardo Bussi durante el debate.

Desde la oposición que acompañó la prórroga pero con matices, José Cano (Radicalismo Federal) reconoció avances y valoró el Operativo Lapacho, pero cuestionó la falta de funcionamiento de la comisión bicameral de seguimiento prevista en la propia ley y alertó sobre hechos de corrupción policial que “empañan el accionar de la fuerza”.

Los votos negativos coincidieron en señalar una contradicción central. Bussi argumentó: “Los fundamentos que nos llevaron a sancionar esa ley en el 2017 siguen incólumes. La crisis carcelaria sigue siendo un problema. La droga hoy sigue circulando por nuestra provincia. Seguir apoyando esta emergencia es dar la espalda a la ciudadanía. Hay que cambiar la estrategia porque, como dijo algún sabio, no se pueden esperar resultados distintos si se aplican siempre las mismas medidas”.

Viña fue tajante: “Hace unos días el gobernador dijo que tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia. No entiendo cómo podemos seguir otorgando y declarando en emergencia una de las mejores áreas políticamente manejadas por el Ejecutivo. Estamos desvirtuando el concepto de emergencia”.