Los gobernadores blindaron a la Nación y permitieron la aprobación de la reforma laboral

Con una votación ajustada, el Gobierno consiguió en los primeros minutos de este viernes la aprobación de la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Fueron 135 votos afirmativos contra 115 rechazos, entre los que resultaron claves los votos aportados por los gobernadores aliados. Un número que, aunque suficiente para el oficialismo, quedó atravesado por una concesión que obligará a que el texto vuelva al Senado: la aceptación de un cambio en la redacción original del proyecto.

La escena dentro del recinto tuvo un correlato inmediato en la calle. Afuera del Congreso, la movilización que acompañó el paro nacional terminó con 16 detenidos y seis heridos tras la aplicación del protocolo de seguridad. Adentro, el clima tampoco fue apacible.

El arranque fue tenso. Cuando el presidente de la Cámara, Martín Menem, aprobó a mano alzada el plan de labor -es decir, la hoja de ruta que fija la metodología de votación-, legisladores opositores avanzaron hacia el atril. El episodio incluyó un gesto simbólico: Horacio Pietragalla le entregó unas cadenas a Menem, en señal de protesta. En paralelo, se produjo un cruce entre Lilia Lemoine y Florencia Carignano, cuando la legisladora peronista intentó desconectar los cables del equipamiento de los taquígrafos.

El quorum se alcanzó gracias al respaldo del PRO, la UCR y los oficialismos provinciales de Tucumán, San Juan, Catamarca, Misiones y Salta. Con la Cámara completa, se requerían 127 votos; el oficialismo superó esa cifra tras una negociación contrarreloj. Luego, al momento de la aprobación en general, no hubo abstenciones: entre los 135 votos afirmativos aparecen los de 6 diputados tucumanos: los jaldistas Gladys Medina y Elia Fernández de Mansilla; los libertarios Federico Pelli, Gerardo Huesen y Soledad Molinuevo; y el radical Mariano Campero. Se opusieron Pablo Yedlin y Carlos Cisneros, mientras que Javier Noguera (aliado de Osvaldo Jaldo) garantizó el quorum pero luego se retiró del recinto.

Uno de los puntos que descomprimió resistencias fue la eliminación del artículo 44, que establecía la quita de haberes para trabajadores que solicitaran licencia por enfermedad. En el oficialismo admiten que esa cláusula había sido incluida en el texto original y que su remoción fue clave para acelerar acuerdos antes del discurso presidencial del 1° de marzo.

Sin embargo, la discusión no se agotó allí. El foco ahora está puesto en el artículo 58, que crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL). El esquema prevé que el 3% del salario de los trabajadores se destine a una cuenta de inversiones para financiar futuras indemnizaciones. Desde la oposición lo cuestionan por trasladar el costo al empleado; desde el oficialismo sostienen que moderniza el sistema y brinda previsibilidad.

En esa pulseada, el ministro Diego Santilli jugó un papel central. Según fuentes parlamentarias, mantuvo gestiones directas con la Gobernación de Córdoba. El resultado fue la ausencia de tres de los seis diputados cordobeses que integran el bloque Provincias Unidas y habían manifestado su rechazo al FAL. La estrategia permitió neutralizar votos adversos sin exponer un quiebre explícito.

Desde ese espacio provincialista admiten el debilitamiento opositor. “Las veces que hicimos oposición verdadera acá fue porque había cohesión y comunicación entre todos los bloques que estamos en contra de Milei. Ahora no hay ni un grupo de WhatsApp”, deslizaron con resignación.

El peronismo ensayó una última maniobra: una moción de orden para forzar una votación inmediata cuando el quorum tambaleaba, con la expectativa de que la sesión se cayera. Pero Menem prorrogó el tratamiento y otorgó la palabra a la oficialista Silvana Giudici, cuya extensa intervención permitió recomponer la mayoría en el recinto.

El optimismo libertario quedó expuesto incluso antes de la votación. El Senado fue convocado para este viernes a las 10, con la intención de avanzar en el dictamen y convertir la reforma en ley el próximo 27. La oposición, en cambio, ya anticipa otro frente: la judicialización del proyecto como eventual último recurso para frenar su implementación.