El Tribunal de Cuentas pidió a la Justicia que investigue la presunta entrega irregular de mercadería de Desarrollo Social a la Caja

El Tribunal de Cuentas de Tucumán (TC) resolvió iniciar un juicio de cuentas contra exfuncionarios del Ministerio de Desarrollo Social y de la Caja Popular de Ahorros (CPA), luego de comprobar que, durante 2023, en pleno año electoral, se realizaron entregas irregulares de mercadería valuadas en más de $26 millones, sin el respaldo legal correspondiente.

La medida, que fue formalizada mediante el Acuerdo N° 5140, al que tuvo acceso Tendencia de Noticias, fechado este 10 de noviembre de 2025, representa un nuevo paso en la investigación que comenzó en 2024, tras una auditoría que detectó la transferencia de alimentos, chapas, mobiliario y otros insumos a la entidad crediticia provincial sin la existencia de un convenio que habilitara dicha operatoria.

De acuerdo con el expediente, entre marzo y octubre de 2023, como informó TDN el año pasado, durante la gestión de la exministra Lorena Málaga y en los últimos meses del gobierno de Juan Manzur, el Ministerio de Desarrollo Social emitió 12 órdenes de autorización a nombre de la Caja Popular de Ahorros, a través de las cuales se retiró mercadería desde los depósitos oficiales y de la empresa Hacha de Piedra S.R.L.

Entre los bienes entregados por la cartera social figuran 1.950 paquetes de arroz, 2.220 paquetes de fideos, 2.200 kilos de harina, 1.300 cajas de leche en polvo, 1.400 paquetes de lentejas, 2.200 cajas de puré de tomate, 1.900 kilos de yerba, 1.200 latas de picadillo, 1.400 botellas de aceite y 600 kilos de azúcar, además de 50 camas cuchetas, 50 chapas, 100 sillas plásticas reforzadas y 20 mesas.

El TC constató que las órdenes fueron firmadas por la entonces ministra Málaga, y que los retiros de esos bienes fueron realizados por funcionarios de la Caja Popular, entre ellos su interventor José César Díaz y el subinterventor Hugo Ledesma, actual legislador provincial, todos ellos implicados en el juicio de cuentas.

Los contadores fiscales que instruyeron la auditoría señalaron que desde el Ministerio “no se hizo mención respecto del programa bajo el cual se retiraron dichas mercaderías”, ni se presentó documentación que acreditara los destinatarios finales de los bienes.

En su resolución, el TC remarcó que “no se encuentra vigente ningún convenio formal entre el Ministerio de Desarrollo Social y la Caja Popular de Ahorros que autorice a esta última a actuar como intermediaria en la entrega de subsidios dinerarios o en especie”.

Los contadores fiscales advirtieron además que “desde la cartera social no se hizo mención respecto del programa bajo el cual se retiraron dichas mercaderías, ni se acompañó documentación que identifique a los beneficiarios finales”, lo que agrava la falta de respaldo administrativo.

El organismo de control busca determinar si esa mercadería, que la cartera social tenía almacenada para asistir a sectores vulnerables, tuvo otro destino no contemplado en la normativa vigente, lo que determinaría la posible existencia de un accionar delictivo.

En este sentido, el acuerdo del TC, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, puso en conocimiento de las actuaciones al Ministerio Público Fiscal, "a fin de que dé intervención a la Fiscalía Penal que por turno correspondiera y al Sr. Fiscal Regional, a los efectos de su debida intervención, ante la presunción de encontrarnos ante los delitos de incumplimiento en los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos".

Las novedades también fueron notificadas a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, al Poder Ejecutivo y a la Legislatura "atento que uno de los implicados, el Sr. Hugo Guillermo Ledesma, reviste el carácter de Legislador Provincial", según reza el documento.

Los argumentos del TC

Al analizar las normas vigentes, el Tribunal recordó que, de acuerdo con la Ley N° 5.115 de Administración Financiera, “la competencia para otorgar subsidios sociales corresponde exclusivamente al Ministerio de Desarrollo Social, no contemplándose la participación de la Caja Popular de Ahorros ni de sus funcionarios en la distribución de tales bienes”.

El organismo de control consideró que las entregas “carecieron de fundamento legal y administrativo suficiente, configurando un manejo irregular de fondos y bienes públicos”.

Por esas razones, el Tribunal resolvió “iniciar juicio de cuentas contra los funcionarios intervinientes, a fin de determinar las responsabilidades patrimoniales y administrativas emergentes de las irregularidades detectadas”.

La co-instructora contable del TC determinó que las compras de mercadería involucradas tuvieron control preventivo, pero que las entregas a la Caja Popular carecieron del marco legal necesario, al no existir convenio ni resolución que justificara su intervención como intermediaria.

Por ese motivo, el organismo resolvió mantener la investigación sobre eventuales responsabilidades administrativas derivadas de estas entregas.

La decisión lleva las firmas de Miguel Chaiben Terraf, presidente del organismo, y de los vocales Sergio Díaz Ricci y Marcelo Vidal, quienes además dispusieron la notificación a los involucrados.

El procedimiento continuará con la etapa de descargo de los funcionarios implicados y la evaluación de los antecedentes contables y administrativos que permitan definir si corresponde una sanción económica o la remisión de las actuaciones a la Justicia ordinaria.

EX MINISTRA: Lorena Málaga, ex funcionaria del gobierno provincial.-

Personas y organismos apuntados en la investigación

La investigación del TC apunta principalmente a la exministra de Desarrollo Social, Lorena Málaga, quien firmó las doce órdenes de autorización para la entrega de alimentos, mobiliario y otros bienes a la Caja Popular de Ahorros, sin que existiera convenio ni respaldo legal que justificara esas transferencias. También fueron señalados el entonces interventor de la Caja, José César Díaz, y el subinterventor y actual legislador provincial, Hugo Guillermo Ledesma, por haber recibido las mercaderías pese a que la entidad no tenía competencia para actuar en tareas de asistencia social. En la operatoria también aparecen mencionados Flavio Corres y Jorge Garay, empleados de la Caja que participaron en el retiro y transporte de los productos desde los depósitos del Ministerio de Desarrollo Social, sin contar con acreditaciones formales ni documentación sobre el destino final de los bienes.

El Tribunal de Cuentas consideró que el Ministerio de Desarrollo Social tuvo una falta de control interno y de trazabilidad administrativa, y que la Caja Popular de Ahorros actuó fuera de su marco legal, ya que su función específica es financiera y no de asistencia social. Además, el organismo de control incluyó en la auditoría a la empresa Hacha de Piedra S.R.L., proveedora del Estado desde cuyos depósitos se retiraron parte de los alimentos y artículos entregados a la Caja, con el objetivo de verificar la legalidad y trazabilidad de toda la cadena de suministro.

Silencio oficial sobre la investigación

Tendencia de Noticias intentó comunicarse con todas las partes mencionadas en la investigación para conocer su versión de los hechos, pero ninguna de las personas implicadas aceptó realizar declaraciones al respecto.