El Gobierno asignará 4,8 billones a las universidades, pero los rectores rechazan el aumento y exigen cumplir la ley

El proyecto de Presupuesto 2026, que el Gobierno intentará aprobar en las sesiones extraordinarias convocadas entre el 10 y el 31 de diciembre, asigna 4,8 billones de pesos a las universidades nacionales. Sin embargo, el incremento está lejos de conformar al sistema académico: los rectores volvieron a rechazar la propuesta y reclamaron que se aplique la ley aprobada por el Congreso, que establecía un mecanismo de actualización progresiva del financiamiento.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) advirtieron que para sostener el funcionamiento de las instituciones, atender gastos de mantenimiento y recomponer los salarios del personal docente y no docente, se necesitan 7,2 billones de pesos. La diferencia entre lo solicitado y lo asignado reactivó el conflicto que las universidades mantienen con la administración nacional desde comienzos de año.

En uno de los pasajes clave del debate legislativo, fuentes parlamentarias consignaron a la Agencia Noticias Argentinas que algunos diputados aliados del oficialismo no descartan un eventual incremento, aunque aclararon que dependerá de las negociaciones en torno al paquete fiscal y a otras reformas que el Gobierno busca aprobar durante el período extraordinario.

El Gobierno mantiene su rechazo y endurece los controles

El Poder Ejecutivo ya anticipó que no aplicará la ley de financiamiento universitario, a pesar de haber sido ratificada por el Congreso tras el veto presidencial. Según su postura, la norma no define de qué partidas saldrían los recursos adicionales, lo que volvió a generar fuertes críticas de los bloques opositores.

Además, el Presupuesto 2026 incorpora nuevas exigencias de rendición de cuentas, al establecer que cada universidad deberá presentar ante la Subsecretaría de Políticas Universitarias toda la información necesaria para asignar, ejecutar y evaluar los fondos que reciba.

El proyecto advierte que el Ministerio de Educación podrá interrumpir las transferencias en caso de incumplimiento de esos requisitos.

Las instituciones también deberán detallar en su presupuesto interno la clasificación funcional correspondiente a educación y cultura, salud, ciencia, tecnología e innovación, y deberán rendir la ejecución contable bajo esos parámetros.

Más recortes: leyes que seguirán sin aplicarse

El Ejecutivo tampoco aplicará, por tercer año consecutivo, la Ley de Financiamiento Docente, que fijaba una inversión mínima del 6% del PBI, ni las metas previstas en la Ley de Educación Técnico Profesional y la Ley de Financiamiento del Sistema de Ciencia y Tecnología.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) también advirtió que el Gobierno propone derogar los pisos de inversión establecidos en la Ley de Educación Nacional, dejando los montos sujetos exclusivamente a lo que se apruebe cada año en el Presupuesto Nacional.

Según la OPC, el objetivo del 6% del PBI solo se cumplió en un ejercicio, mientras que el piso del 0,2% para Educación Técnico Profesional solo se alcanzó en el primer año de vigencia del programa. En cuanto a Ciencia y Tecnología, nunca se alcanzaron las metas de crecimiento progresivo definidas por ley.