El Colegio de Abogados de Buenos Aires cuestionó el caso de censura previa en Tucumán

El Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires (CACBA) expresó su “más enérgico rechazo” a la resolución dictada por el Juzgado Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán, que ordenó el cese inmediato de toda difusión que cuestione o critique a miembros del Ministerio Público Fiscal, que conduce Edmundo “Pirincho” Jiménez, o a magistrados.

La medida, que además dispone su comunicación al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), fue considerada por la institución como una grave violación a la libertad de prensa y al derecho de crítica.

“Una decisión de esa naturaleza resulta por completo incompatible con los principios esenciales de una República democrática”, advirtió el Colegio porteño, y subrayó que “ningún funcionario, y mucho menos un juez, puede erigirse en censor de las ideas”.

El comunicado remarca que la libertad de expresión, garantizada por los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional y por los tratados internacionales de derechos humanos, “no admite restricciones preventivas”. Y sostiene que el sistema republicano “exige que los funcionarios públicos estén sujetos al escrutinio de la sociedad y no protegidos por un cerco judicial que los blinde frente a la opinión ciudadana”.

La entidad consideró además “particularmente grave” que un magistrado disponga una prohibición genérica de difundir información u opiniones sobre una rama completa del gobierno, en abierta contradicción con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que califican esas medidas como censura previa, vedada por el derecho internacional.

El Colegio de Abogados de Buenos Aires exhortó a las autoridades a impulsar los procesos de responsabilidad institucional y disciplinaria que correspondan frente a lo que calificó como un “apartamiento de los principios republicanos y constitucionales”.

Mientras tanto, el CAT se mantiene en silencio

El pronunciamiento de la entidad que representa a los letrados porteños contrasta con el silencio absoluto que mantiene sobre este tema el Colegio de Abogados de Tucumán (CAT), que preside Alberto José López Domínguez.

A pesar de que la medida judicial fue dictada por un tribunal con sede en la provincia y que afecta directamente a periodistas y medios locales, el CAT no emitió ningún pronunciamiento público sobre el tema ni fijó posición institucional respecto del fallo.

“La vigencia de la libertad de expresión y de prensa constituye una garantía indispensable para el control de los poderes públicos y para la preservación del Estado de Derecho”, concluyó el comunicado difundido por el Colegio de Abogados de Buenos Aires.