Denuncian ante la ONU el caso de censura judicial contra periodistas en Tucumán

La Asociación de Prensa de Tucumán (APT) y la organización Abogadas y Abogados del NOA en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES) elevaron una denuncia ante la Relatoría Especial de la ONU para la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, a cargo de Irene Khan.

Las entidades pidieron un “llamamiento urgente” al Estado argentino frente a lo que consideran “una grave vulneración” de la libertad de prensa en la provincia de Tucumán, a partir del bozal legal dispuesto contra CCC y sus periodistas a instancias del ministro Fiscal, Edmundo “Pirincho” Jiménez.

En el escrito, las organizaciones solicitaron formalmente “el otorgamiento de un llamamiento urgente frente al Estado argentino en favor de la libertad de prensa en Tucumán”, a raíz de la medida cautelar dictada el 4 de noviembre por el juez subrogante Lucas A. Taboada, integrante del Colegio de Jueces Penales del Centro Judicial Capital.

El magistrado ordenó a la Compañía de Circuitos Cerrados SA (CCC) “el cese inmediato de la difusión por cualquier medio televisivo, radial, digital o en redes sociales de todo contenido, programa o publicación que, directa o indirectamente, injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación de los fiscales o magistrados intervinientes”, bajo apercibimiento de incurrir en el delito de desobediencia judicial. La medida se dictó por el plazo de seis meses y fue comunicada al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

Para APT y ANDHES, esta disposición “implica un grave avasallamiento de la libertad de expresión y de prensa en la provincia de Tucumán”. En la presentación advirtieron que se trata de “una utilización espuria del sistema penal”, con el objetivo de “impedir, mediante la amenaza penal, la divulgación de opiniones críticas hacia el sistema judicial provincial”.

El expediente que dio origen a la medida —caratulado “Olarte Gustavo Aníbal Gabriel s/entorpecimiento y ofensa al ejercicio de las funciones públicas, coacción institucional e incitación pública a la violencia o al descrédito institucional”— se abrió a partir de una denuncia del ministro fiscal Edmundo Jesús Jiménez, quien acusó al empresario y periodista Gustavo Olarte, titular de la Compañía de Circuitos Cerrados S.A., de emprender “una campaña de hostigamiento, desprestigio y ataque mediático contra distintos fiscales y en general contra el sistema de justicia provincial en su totalidad”.

Según el planteo elevado ante la ONU, al que Tendencia de Noticias tuvo acceso, el caso constituye una respuesta corporativa del Poder Judicial frente a la crítica periodística. “Estamos frente a una utilización del sistema penal que, lejos de buscar resguardar el honor o la reputación de una persona determinada, apela a tipos penales que no guardan relación con los hechos invocados, con el evidente afán de obtener una medida coercitiva que impida la expresión de medios, programas y periodistas críticos del desempeño del sistema judicial tucumano”, advirtieron.

Las entidades recordaron que tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como la Convención Americana de Derechos Humanos garantizan el derecho a la libertad de expresión sin censura previa. En ese sentido, citaron la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que define a la libertad de expresión como “una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática” y sostiene que “toda medida preventiva significa, inevitablemente, el menoscabo de la libertad garantizada por la Convención”.

APT y ANDHES remarcaron que la medida dispuesta por el juez Taboada “constituye un caso patente de censura judicial previa ilegítima”, incompatible con los estándares internacionales.

“El abuso de la libertad de expresión no puede ser objeto de medidas de control preventivo, sino fundamento de responsabilidad ulterior. Aún en este caso, la Convención exige que existan causales de responsabilidad previamente establecidas por ley, que sean legítimas y necesarias”, sostuvieron en el documento.

Además, las organizaciones invocaron el informe A/HRC/50/29 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que advierte sobre el uso de mecanismos judiciales para hostigar a periodistas. “Es una práctica tristemente frecuente el uso de leyes, investigaciones o demandas vejatorias e inconsistentes para acosar e intimidar a periodistas o medios de comunicación”, recuerda el texto citado.

La denuncia ante la Relatoría se acompaña de pruebas y coberturas periodísticas de medios locales y nacionales, entre ellos FOPEA y ADEPA, que calificaron la medida judicial como “aberrante” e “inconstitucional”. También se incorporaron declaraciones públicas del gobernador Osvaldo Jaldo, quien sostuvo que “las decisiones judiciales se respetan, gusten o no”, aunque diversos sectores de la prensa y de la academia local expresaron su preocupación por el precedente que sienta el fallo.

En su petitorio, APT y ANDHES solicitaron a la Relatoría Especial que “emita un llamamiento urgente instando al Estado argentino a adoptar medidas apropiadas para garantizar el respeto a la libertad de prensa en Tucumán”.

El documento concluye con una advertencia sobre los derechos afectados por el polemico accionar judicial. “En la medida dispuesta por la justicia tucumana se evidencia el incumplimiento palmario de los estándares vigentes en materia de libertad de expresión. Es un caso que, a todas luces, configura censura previa, lo cual resulta incompatible con la plena vigencia de los derechos humanos en democracia”, concluye la presentación realizada ante la ONU.