Buscan radarizar el cielo tucumano para declararle la guerra al narcotráfico aéreo

Ante la creciente preocupación de las autoridades provinciales por efectivizar un control férreo y constante sobre el tráfico aéreo ilegal que atraviesa Tucumán, el vicepresidente de la Comisión de Justicia y Seguridad de la Legislatura, Gerónimo Vargas Aignasse (foto inferior) presentó un ambicioso proyecto de ley respaldado por sus pares Carlos Najar y Maia Martínez. La iniciativa responde a la ausencia de un sistema de radarización adecuado que permita la detección temprana de estos vuelos irregulares, obstaculizando el accionar de las fuerzas de seguridad para cortar de raíz movimientos que alimentan ilícitos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas.

El proyecto establece la creación del "Régimen Provincial de Cooperación Aeroespacial, Radarización e Interdicción Aero-Terrestre" en el ámbito de Tucumán. Su objeto principal es "investigar, prevenir y reprimir las actividades aéreas y terrestres vinculadas a delitos transnacionales tales como narcotráfico, contrabando, tráfico de armas, trata de personas, migración ilegal y terrorismo". De esta manera, la provincia se posiciona como un actor clave en la defensa del noroeste argentino, una región estratégica expuesta a lo que los fundamentos del proyecto denominan "Tránsito Aéreo Irregular (TAI)", es decir, "el ingreso, sobrevuelo o aterrizaje de aeronaves livianas sin plan de vuelo autorizado, sin matrícula visible o con identificación adulterada, operando a baja altura y fuera de corredores controlados".

En un gesto de alineación con el marco nacional, el artículo 2° dispone que "la Provincia de Tucumán adhiere a las Reglas de Protección Aeroespacial (RPA) y a toda normativa nacional vigente en materia de control aeroespacial, aprobadas en el marco del Decreto Nacional N.° 2228/2016, y sus modificatorias y complementarias". No obstante, el artículo 3° –que aclara las competencias provinciales– subraya que esta adhesión "no implica delegación de competencias propias ni habilitación del uso de la fuerza aérea, materia exclusiva del Estado Nacional. La Provincia ejercerá sus competencias en investigación, prevención, cooperación logística y control territorial". Para avanzar en la detección, se formaliza una "solicitud al Estado Nacional la instalación, operación y mantenimiento de radares primarios y secundarios dentro de su territorio, en el marco del Sistema Nacional de Vigilancia y Control Aeroespacial (SINVICA)", reconociendo que "persisten zonas de sombra radar que dificultan la detección temprana del TAI", como se detalla en los argumentos de la iniciativa.

La implementación recae en el Ministerio de Seguridad provincial, designado como autoridad de aplicación, quien coordinará con organismos nacionales. Un pilar central es la creación del Centro Provincial de Fusión Aero-Terrestre (CeFAT), dependiente de dicho ministerio y con sede en San Miguel de Tucumán. Este ente asumirá "funciones de coordinación, análisis y registro de todos los Tránsitos Aéreos Irregulares (TAI) detectados en el territorio provincial", institucionalizando un registro sistemático que potencie la respuesta operativa.

En el ámbito de la interdicción aero-terrestre, el régimen otorga herramientas concretas. Habilita al Ministerio de Seguridad a "investigar, clausurar, inutilizar o destruir pistas clandestinas o no registradas utilizadas para actividades ilícitas". Complementariamente, se faculta el secuestro y decomiso de "combustible aeronáutico, equipamiento de vuelo, repuestos, vehículos o elementos vinculados al apoyo terrestre del narcotráfico aéreo". Para mayor trazabilidad, se crea el Registro Provincial de Locaciones Aero-Sensibles (REPLAS), donde deberán inscribirse "predios rurales, aeroclubes, hangares y depósitos de combustible aeronáutico". Además, el artículo 10° impone un "deber de informar" a toda persona física o jurídica que comercialice o transporte combustible aeronáutico, obligándolas a reportar trimestralmente sus operaciones al Ministerio de Seguridad.

Sanciones

El proyecto no escatima en mecanismos disuasorios. El Título IV detalla infracciones como "construir, mantener o utilizar pistas no registradas; almacenar o suministrar combustible sin habilitación; obstruir operativos; o negarse a brindar información requerida", sancionadas con multas, clausuras, decomisos e inhabilitaciones. Las contravenciones especiales, como abastecer aeronaves irregulares o encubrir operaciones, conllevan "arresto de quince 15 a 180 días y multa".

Financieramente, se instituye el Fondo Provincial de Cooperación Aeroespacial (FONCOA), destinado a "financiar radarización, sensores, drones, neutralización de pistas, CeFAT y capacitación". Su integración provendrá de multas, aportes del Tesoro Provincial, convenios y donaciones, con adecuaciones presupuestarias inmediatas por parte del Poder Ejecutivo. Finalmente, se involucra a los municipios, obligándolos a "adecuar sus ordenanzas para impedir la construcción de pistas clandestinas y colaborar con la autoridad provincial".

Los fundamentos del proyecto pintan un panorama alarmante pero esperanzador. Tucumán, "por su ubicación estratégica en el corredor del Noroeste Argentino, se encuentra expuesta a diversas amenazas de seguridad transnacional", y el TAI se ha convertido en una modalidad recurrente para el "transporte ilícito de drogas, pero también para otras actividades delictivas como contrabando, tráfico de armas, trata de personas, ingreso ilegal de migrantes y, potencialmente, operaciones vinculadas al terrorismo internacional", señala Vargas Aignasse. Asimismo, el parlamentario del PJ sostuvo que frente a la ineficacia de la radarización nacional pendiente, el Gobierno provincial ha destacado con el Operativo Lapacho, un "modelo eficaz de interdicción terrestre" que, en los últimos dos años, logró "el secuestro de más de 1.500 kilogramos de marihuana, 480 kilogramos de cocaína y unas 2.000 pastillas de drogas sintéticas; la incautación de 280 armas de fuego ilegales y más de 300 vehículos utilizados para transporte ilícito; el decomiso de bienes valuados en más de 850 millones de pesos; y la detención de más de 900 personas vinculadas a causas de narcotráfico, contrabando y portación ilegal de armas".

"Estos resultados posicionan al Operativo Lapacho como uno de los sistemas provinciales más eficientes de control fronterizo terrestre del país, y demuestran que el fortalecimiento de las capacidades locales produce resultados concretos en materia de prevención y represión del delito organizado", afirmó el legislador. El proyecto propone, así, "integrar el control aéreo y terrestre, articulando el éxito operativo del Lapacho con un esquema de vigilancia aérea moderna, que cierre definitivamente los circuitos delictivos que aprovechan las debilidades radar y las rutas rurales". En esencia, reafirma "la voluntad política del Gobierno de Tucumán de defender su territorio, proteger su población y cooperar activamente con el Estado Nacional en la lucha contra el narcotráfico y todas las formas del crimen organizado transnacional".