
Uno de los ejes emblemáticos de la gestión del gobernador Osvaldo Jaldo, la obra pública, dio un paso decisivo en la Legislatura con la aprobación de las expropiaciones necesarias para avanzar en la construcción del Acueducto de Vipos, una infraestructura hidráulica considerada estratégica para resolver los problemas de abastecimiento de agua en el noroeste de Tucumán.
El proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo declara de utilidad pública y sujeta a expropiación 18 fracciones de terrenos ubicadas en la nueva traza del acueducto y en los predios donde se instalarán cisternas en Tapia y Villa Carmela.
Según el texto de la iniciativa, la medida “responde a la urgencia de liberar la traza de la obra para avanzar en su preadjudicación”, un paso requerido por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación. Las parcelas expropiadas abarcan 12 de los 54 kilómetros totales de la obra, cuya mayor parte ya fue cedida o se encuentra en caminos públicos. El proyecto demandará una inversión de $152,9 mil millones y beneficiará a unas 400.000 personas de Tapia, Tafí Viejo, Villa Carmela y el oeste de San Miguel de Tucumán.

Durante la sesión, el presidente de la comisión de Legislación General, Gerónimo Vargas Aignasse, destacó la trascendencia del emprendimiento: “Esta obra tiene aproximadamente cinco años de proceso, iniciada durante la gestión de Alberto Fernández e impulsada por Sisto Terán desde la Unidad Norte Grande. Ronda los 100 millones de dólares y cambiará el paradigma de desarrollo en el norte tucumano, beneficiando a más de 480 mil vecinos que hoy padecen la insuficiencia de agua potable y limitaciones para el desarrollo industrial”, señaló.
Vargas Aignasse explicó además que el nuevo diseño del acueducto contempla una toma subfluvial —por debajo del lecho del río— que actuará como filtro natural para evitar crecidas y mejorar la calidad del agua. “Será un cambio fundamental: la planta de tratamiento de Vipos entregará agua ya potabilizada, garantizando un metro cúbico por segundo, lo que equivale a 180 litros por día por persona”, precisó.

El legislador también apuntó contra la política nacional en materia de infraestructura:
“Hemos cambiado de gobierno y este decidió que no habrá obra pública en Argentina. El ENOHSA (Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento) llevó adelante más de 2.800 obras en la gestión anterior; durante Macri fueron 28 y con Milei, cero. No sé qué privado haría esta obra: si no la hace el Estado, no la hace nadie”, cuestionó.
En la misma línea, Javier Noguera, exintendente de Tafí Viejo, recordó los años de gestiones previas que permitieron llegar a esta instancia: “Comenzamos a gestionarla hace seis años. Fue un proceso larguísimo, tedioso, muy empinado, que felizmente llega hoy a esta conclusión. A pesar de haber perforado ocho pozos en la última década, no fueron suficientes para cubrir la demanda del oeste tucumano. Esta obra no solo resuelve el presente, sino el futuro de nuestra comunidad”, subrayó.
La legisladora Carolina Vargas Aignasse también respaldó la medida y valoró la solidez técnica del proyecto: “Estas declaraciones de utilidad pública nunca estuvieron más fundadas. Es una obra de gran complejidad y altísimo costo, estructural para Tucumán. Celebro que podamos avanzar y hago votos para que se concrete lo antes posible, con el acompañamiento de la Nación”, afirmó.
Desde la oposición, el legislador Walter Berarducci apoyó la iniciativa, aunque con críticas al manejo histórico de la infraestructura hídrica: “Esta obra viene a dar solución a un problema que también es producto del abandono. Hubo gobiernos anteriores que no le dieron mantenimiento al acueducto, generando pérdidas de un recurso esencial. Hoy se corrige ese error”, expresó.

En respuesta, Vargas Aignasse coincidió parcialmente: “Es cierto, el acueducto viejo tuvo un deterioro importante. Pero además, el río Vipos cambió su ciclo en la última década debido a la deforestación y los cambios ambientales. Por eso este nuevo proyecto prevé una toma mixta —superficial y subfluvial— para garantizar la captación permanente y una mejor calidad del agua”, explicó.
Por su parte, el legislador Tulio Caponio informó sobre el avance del proceso licitatorio: “El expediente se encuentra en la etapa de preadjudicación; unas diez empresas se presentaron. Es una obra de enorme impacto para Tafí Viejo, el norte y noroeste de San Miguel de Tucumán y localidades aledañas”, detalló.
Finalmente, el taficeño Roque Álvarez y presidente de la bancada peronista, ponderó el valor histórico y social del proyecto: “Estamos hablando de una inversión de 100 millones de dólares en tiempos difíciles. No es solo una obra técnica, es salud y dignidad para cientos de familias que hoy esperan horas para juntar un balde de agua. Esta infraestructura no reemplaza el acueducto actual, lo complementa y multiplica su capacidad. Son obras que se hacen cada cien años”, concluyó.
Con la sanción de esta ley, el Poder Ejecutivo queda facultado a avanzar de manera inmediata en la posesión de los terrenos, gracias a la cláusula de urgencia expropiatoria incluida en el articulado. La medida permitirá destrabar una de las obras más significativas de los últimos años en materia de infraestructura hídrica, reafirmando —como destacaron varios legisladores— la decisión del Gobierno provincial de sostener la inversión pública como motor de desarrollo y mejora en la calidad de vida de los tucumanos.